Son más de 7.500 en todo el país los grandes usuarios que tienen una demanda superior a 300 KW que deberán en 2018 abastecerse en un 8 por ciento con energía limpia.

De acuerdo a datos oficiales son más de 7.500 en todo el país los grandes usuarios que tienen una demanda superior a 300 KW que deberán en 2018 abastecerse en un 8 por ciento con energía limpia. Para ello, de acuerdo a los cálculos de la normativa vigente, en 2017 debería haber instalados 900 MW de potencia sólo por Grandes Usuarios, objetivo que no se va a poder cumplir.

De los 7.500 usuarios, el 92 por ciento – 6.900 – tienen potencia media menor a 1 MW; 500 usuarios entre 1 y 5 MW;  60 usuarios entre 5 y 10; aproximadamente 45 entre 10 y 50 MW; y apenas 8 tienen potencia superior a 50 MW.

Ese es el mapa de la demanda, según datos publicados por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) en sus Documentos de Transacciones Económicas.

Un técnico representante de los grandes usuarios explican que en las condiciones actuales los desafíos legales parecen difíciles de cumplir.

“Hay una preocupación con este tema; no vemos factible el 8 por ciento para el año que viene; va a haber casos puntuales que lo van a poder cumplir pero estamos a marzo y no tenemos normativa (sobre contratos entre privados) y aunque tengamos proyectos necesitan dos años de desarrollo”, sostuvo en contacto con Energía Estratégica.

Y por más que se autorice la comercialización de energía entre generadores y privados “no hay que esperar que a partir de la normativa aparezca inmediatamente un boom de contratos de energías renovables; los grandes usuarios necesitan saber a qué atenerse y su costo de oportunidad”.

¿Los motivos? En parte, considera que serán pocas las empresas que se embarcarán con contratos de largo plazo. “El desarrollo del mercado necesita muchísimas cosas más: demanda, flexibilidad en los contratos donde cada industria encuentre el lugar donde puede participar, los contratos, los plazos, los precios que puede pagar”, enumeró.  Y agregó que “eso va a llevar un tiempo”.

“El tema de los contratos de largo plazo lo vemos como una herramienta válida y útil, pero es para pocas empresas. Si encontramos 50 empresas en Argentina dispuestas a firmar contratos a 15 años va a ser un éxito. No tenemos costumbre, no tenemos costumbre en el sector eléctrico de tener estos contratos; en general, históricamente, los contratos son de un año, dos años, contadas veces de plazos mayores”, sostuvo la dirigente.

A pesar de este presente, reconoce ser optimista para el desarrollo de las energías renovables: “las empresas se van a ir acomodando; hay algunas que 5 años será un plazo conveniente, habrá otras de 10 años, y habrá otras que van a necesitar de CAMMESA o de la distribuidora, porque hay que tener en cuenta que la distribuidora hace una aglutinación de la demanda que, para empresas chicas, es el óptimo, económico del sistema”.

Demanda de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica – Fuente CAMMESA

Penalidades

Entiende que el Gobierno deberá postergar la fecha de obligación de la demanda: “el objeto de la norma, así lo han dicho los funcionarios, no es salir a penalizar, sino buscar la oferta, que se desarrolle este mercado, que se desarrolle potencia nueva, y no alcanza con la norma (por la resolución entre privados).

Y explica que “si el objeto es desarrollar proyectos estamos en un proceso que simplemente se va a demorar más en el tiempo; la normativa debería salvar el tema de las penalidades; no entendemos que sea la vía para que el mercado se desarrolle; de hecho, hemos visto empresas que por más que la ley habla de un 8 por ciento, cuando el precio es conveniente, van a ir por más”.

Competitividad, punto a favor

Los grandes usuarios de energía eléctrica valoran que el Programa RenovAr dejó en claro el valor del MWh en cada una de las tecnologías. “Fue bueno transparentar los precios de la licitación; estamos seguros que los precios van a seguir bajando en energía renovable, pero a estos precios hay que tener en cuenta que alguien, el sistema, va a tener que hacerse cargo de los costos extras; sabemos que es un proceso”.

La resolución, en la cocina

Días atrás, el Subsecretario de Energías Renovables de la Nación, Sebastián Kind, aseguró que su cartera está trabajando activamente en el desarrollo de una normativa que regule la venta de energía entre privados: “la queremos sacar cuanto antes pero no tengo una fecha, todavía no está terminado el diseño de la resolución”

En cuanto a los puntos en análisis, mencionó: “estamos incorporando el costo que se le va a trasladar al gran usuario; el decreto 531 dice bien claro que, sobre las compras que hace el Estado Nacional  se da vuelta y lo vuelca a la demanda; esa demanda en la parte de gran usuario, que es el facultado para salir a contratar, tiene un costo adicional a lo que es la compra de Cammesa, que incluso el decreto 531, lo dice en forma de gastos de administración y riesgos de largo plazo”.

Sobre este aspecto, explicó que “estamos en definición de los tiempos de salida y de reingreso de esas compras conjuntas”.

En sus presentaciones públicas, el Gobierno define que en el primer semestre estará publicada la Resolución Oficial.

fuente: energía estrategica