miércoles, 21 de marzo de 2012

Evolución de la producción nacional de petróleo


El cuadro adjunto, basado en datos proporcionados por la Secretaría de Energía, permite observar la evolución de la producción, las importaciones y las exportaciones de petróleo desde 1980 hasta 2010.
En materia de producción, su comportamiento se puede dividir en tres períodos: desde 1980 hasta 1990, cuando existía YPF, en el cual se mantiene prácticamente estancada; desde 1990 hasta 1998 en el cual se registra un incremento anual persistente que implica un 76% por encima de los valores registrados en el año inicial (aproximadamente un 7,3% p.a.); y un período que va desde 1998 hasta 2010 en el cual se manifiesta un decrecimiento constante, aunque con una tendencia que parece atenuarse en el tiempo. En 2010 todavía la producción es un 24% superior a la registrada en 1980.






Durante este período las importaciones no han tenido mayor significación. Su destino fue, básicamente, la destilación de ciertos productos que no pueden ser obtenidos a partir de nuestros crudos, generalmente de tipo pesado.
Observando la evolución de las exportaciones de petróleo está clara su fuerte correlación con el incremento y posterior decrecimiento de la producción.
La pregunta que surge inmediatamente es cómo se ha sostenido el crecimiento económico si la producción de petróleo viene disminuyendo paulatinamente desde hace tantos años sin que se tomen medidas de política económica que procuren revertir esa situación.
La respuesta la vamos a encontrar indagando en el aumento significativo del consumo de gas, ya sea producido localmente o importado del exterior.

domingo, 18 de marzo de 2012

Situación del mercado interno de hidrocarburos ante un eventual incremento del precio internacional

La Argentina no tiene una política coherente en materia de hidrocarburos. Los últimos acontecimientos ponen en evidencia una situación que fue negada hasta ahora sistemáticamente. La reducción en la producción de hidrocarburos (en especial petróleo) era un hecho evidente registrado por las cifras proporcionadas por las propias empresas. En cuanto al nivel de reservas, poco se puede decir porque los datos están basados en las declaraciones juradas de las empresas que el Estado no está en condiciones de verificar. La primera medida que adoptó el gobierno, antes de la actual gestión, fue instrumentar programas de nuevas inversiones (Petroleo Plus y Gas Plus) diferenciando el precio de los hidrocarburos "viejos" de los "nuevos". Pero lo efectos de estas medidas recién se podrán percibir dentro de 4 o 5 años en el mejor de los casos y, probablemente, no en las magnitudes necesarias para no tener que recurrir a las importaciones (especialmente de gas). Finalmente se tomó conciencia que el nivel de estas importaciones tenían ya un peso que las cuentas fiscales no pueden soportar. Ahora se busca presionar por todos los medios para que las empresas produzcan más. Pero este no es un problema de voluntarismo.
A esta situación se suma un problema adicional: la incertidumbre sobre la situación global que puede aumentar el precio del petroleo por encima de los valores actuales, que ya se encuentra en torno de los u$s 125 el barril. De producirse éste fenómeno los incentivos de las empresas para incrementar su producción local tendrán menor intensidad. Será más atractivo invertir en mercados con mayor liberalidad.
Algunos piensan en la alternativa de constituir un empresa petrolera estatal. Pero esto llevará años y no existe garantía que dicha empresa cumpla la misión que le pretenden asignar. Basta con ver el ejemplo de ENARSA S.A.

sábado, 17 de marzo de 2012

Incremento de las importaciones de energía

Para este año las importaciones de los tres principales rubros energéticos se expandirían entre 30% y 40 por ciento respecto del 2011. De acuerdo a estimaciones realizadas, en 2012 se necesitarán cerca de u$s 5.200 M para el gasoil considerando que, pese al crecimiento de la producción, no se llegará a cubrir la demanda local. También unos u$s 3.700 millones para GNL en barco (Bahía Blanca y Escobar), y otros u$s 900 millones por las importaciones desde Bolivia (ampliación de 7.5 a 11.5 millones de BTU diarios y a un mayor precio), lo que daría un total de al menos u$s 9.800 millones (sin incluir las importaciones de energía eléctrica de Brasil). Esta cifra implicaría un incremento de hasta el 40% de las importaciones respecto del año anterior y equivale al superávit comercial del año 2011: u$s 10.347 millones.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Situación actual del sector energético argentino

Es dificil definir en que etapa nos encontramos en materia de política energética. Quizás la expresión apropiada sea que estamos en una etapa de confusión. Por un lado parece que el gobierno recien ahora toma conciencia de la situación en la que nos encontramos: se necesita importar insumos energéticos para sostener una demanda creciente de consumos residenciales y abastecer las necesidades productivas. Por otro lado se comienza a percibir que las tarifas subsidiadas estimulan el consumo, en particular la demanda de los sectores residenciales; aunque esto no se quiere reconocer. Estimular el consumo y procurar reducir las importaciones de energía son, actualmente, políticas incompatibles. Nuestra matriz energética depende fundamentalmente de los hidrocarburos. Esto se sabe hace mucho. Que la producción nacional de hidrocarburos esta descendiendo no es una novedad. Esto viene ocurriendo desde fines de los años 90 y tiene su origen, casi con seguridad, en el momento en que el gobierno decide no ser un actor relevante en el subsector de hidrocarburos. Las autoridades del momento están tratando de sincerar esta situación, pero la desarticulación institucional es tan grande que esto no es fácil de implementar. Se siguen aplicando políticas coyunturales y esto no se condice con la visión de largo plazo que requiere el sector enérgetico.

lunes, 12 de marzo de 2012

Secuelas del accidente de Fukushima

A pesar de haber transcurrido un año del dramático episodio (11 de marzo de 2011), todavía subsisten problemas no solucionados del accidente de la planta nuclear de Kukushima. Es evidente que la preferencia de Japón por la producción de electricidad mediante centrales nucleares de potencia quedó seriamente vulnerada y dificilmente se vuelva a la situación anterior. En este sentido la opinión de importantes sectores de la sociedad señala deficiencias y presiona al gobierno para que tome medidas para paliar las consecuencias del evento. A 20 kilómetros de la planta nuclear se evacuaron a cerca de 70.000 personas que no pueden regresar a sus hogares y trabajos. La compañía TEPCO, que operaba la planta, según los afectados, no ayudó a nadie como había prometido. En las proximidades de la zona del desastre (más de 20 kilómetros) los pobladores miden la radiación y dicen que el nivel de contaminación es superior al admitido por el gobierno. En la zona del reactor, un ingeniero recibe 4000 microsievert por hora, cuando al año solo se pueden acumular 10.000 microsievert para no afectar seriamente la salud.

domingo, 11 de marzo de 2012

La olvidada renegociación de los Contratos de Concesión de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Electricidad

Ya ha pasado mucho tiempo y nadie recuerda (o no se quiere recordar) que entre los años 2005 y 2006 se renegociaron los once Contratos de Concesión de los Servicios Públicos de Transporte (8) y de Distribución de Electricidad (3). Dicha renegociación se plasmó en la firma de Actas Acuerdos entre las empresas prestadoras del servicio público y autoridades del gobierno nacional. Actas que luego de un complejo proceso de control y aprobación (incluida la participación del Poder Legislativo) fueron refrendadas por el P.E.N.
Dicha renegociación fue realizada en el marco de la llamada Ley de Emergencia 25.561 que fue prorrogada, en la práctica, en forma indefinida.
Esos acuerdos forman hoy parte de los contratos de concesión otorgados por el Estado a las empresas prestadoras aunque no fueron acabadamente cumplidos por el gobierno, especialmente en lo referido al régimen tarifario, ya sea de los costos propios del transporte o de la distribución de electricidad. Y este incumplimiento es parte de los problemas de arrastre que ahora se deben enfrentar ya que se ha tornado ineludible establecer un nivel tarifario de estas dos etapas de la actividad eléctrica que reconozcan los costos del servicio, en especial las inversiones para mantener, renovar y expandir el sistema.
En este sentido conviene recordar las condiciones acordadas en dichas Actas Acuerdo, a cambio de las cuales las empresas y sus accionistas renunciaron a presentar demandas judiciales a nivel local e internacional (CIADI y otros tribunales).
Tomemos el ejemplo de EDELAP S.A. que fue la primera empresa que accedió a firmar un acuerdo con el Estado. El Acta Acuerdo se suscribió el 5 de abril de 2005. En la misma se establece, entre otras cosas, un período de transición contractual (PTC) y un régimen tarifario de transición (RTT). El primero (PTC) implica que la empresa reconoce como válida la tarifa en pesos vigente a partir del 6 de enero de 2002 (o sea que renuncia a reclamar una tarifa superior a esa, por ejemplo una tarifa valorizada en dólares). El segundo régimen (RTT) otorgó a la empresa un aumento del 23% promedio en sus costos propios (valor agregado de distribución) reconocidos por el equipo técnico de energía de la Unidad de Renegociación (UNIREN). Este incremento no podía superar un aumento promedio del 15% en la tarifa al usuario final, excluyendo a los usuarios residenciales que no serían afectados por el aumento. Esos costos propios de la empresa están explicitados en un anexo del Acta y su evolución debía ser controlada por el ente regulador (ENRE). Para evitar que la inflación los erosionara, se estableció un índice de ajuste integrado por los principales insumos de la empresa de aplicación no automática. El ENRE tenía la capacidad de controlar la evolución de dicho índice y emplearlo conforme su propia valoración. Además el Acta compromete al Estado a establecer una Tarifa Social para los sectores de menores recursos.
Completando el acuerdo respecto al reconocimiento de los costos del servicio de distribución, en el Acta se establece que el 1 de enero de 2006 entraría en vigencia el resultado de un proceso de Revisión Tarifaria Integral conforme lo regulado en la ley de electricidad (N° 24.065). En el caso que el incremento resultante superara el 23%, el mismo debía ser aplicado en forma escalonada para minimizar su impacto. En ese momento se estimó que con un incremento adicional del 50% la empresa recuperaría su equilibrio. Ese incremento, a nivel de tarifa final implicaba, en ese entonces, un aumento de aproximadamente 25%. De este modo la suma de ambos incrementos a nivel de tarifa final (15%+25%) implicaría –sin variaciones inflacionarias importantes- un aumento total del 40% distribuido en el tiempo. Hoy, me temo, estamos muy lejos de ese valor.

sábado, 10 de marzo de 2012

Aprovechamiento energético del Río Uruguay en el tramo compartido por la Argentina y Brasil

Luego de concluido el Estudio de Inventario de este tramo del Río Uruguay (que demandó aproximadamente un año de trabajo) que concluyó con la conveniencia de construir dos cierres del río en el tramo mencionado, el días martes 6 de marzo de 2012, con la presencia de autoridades de la Argentina y de Brasil, se procedió a la apertura del sobre número 3 de la Licitación Pública Internacional 1/2010 (luego de varias postergaciones) para realizar los Proyectos y documentación licitatoria de dos aprovechamientos hidroeléctricos (Garabí y Panambí) a cargo de Eletrobras (Brasil) y de EBISA (Argentina). Estos estudios demandarán aproximadamente un año y medio con un presupuesto oficial de U$S 38 millones. La construcción de la obra llevaría cuatro años de trabajo. Este es el primer emprendimiento hidroeléctrico conjunto entre la Argentina y Brasil. Para la Argentina es el tercero con un país vecino luego de Salto Grande (con Uruguay) y Yacyretá (con Paraguay). Las características técnicas básicas de los emprendimientos con Brasil son:

Cierre
Nivel embalse (m)
Potencia
Mw
Área de embalse (ha)
Km2/Mw
Garabí
89
1.152
64.200
0,56
Panambí
130
1.048
32.760
0,31
Total
-
2.200
96.960
0,44


La energía generable por ambas centrales hidroeléctricas estaría en el orden de los 11.445 GWh/año.

Una mirada al futuro del Sector Energético

A partir de la crisis de los años 30, las economías mas desarrolladas comenzaron a implementar, a través de sus estados, una serie de medidas de intervención inéditas hasta ese momento. El resorte que impulsó este movimiento fue el temor de que la desocupación desembocara en la revolución social, en ese momento patentizada en el “socialismo real” implementado en la URSS. Conviene recordar, al mismo tiempo, que este fenómeno de latencia revolucionaria fue a su vez el promotor del crecimiento del fascismo en Italia y en Alemania.

En la Argentina, estos fenómenos externos tuvieron su reflejo en el primer golpe militar encabezado por un sector del entonces joven y variopinto nacionalismo vernáculo; primer paso hacia el período histórico que luego alguien llamó “década infame”. Fue también producto de esos acontecimientos internacionales el comienzo de una nueva etapa intervencionista por parte del estado nacional para proteger a sectores tradicionales de la economía local de la brusca caída del comercio y de los flujos financieros internacionales[2]. El paradigma de que la Argentina podía desarrollarse a partir del impulso de la demanda externa de la producción primaria perdió vigencia por la fuerza de las circunstancias.

A partir de estos hechos, la intervención estatal en el sector energético se intensificó progresivamente hasta prácticamente dominar todo el espectro de sus actividades (producción, transporte y comercialización de petróleo, gas, energía nuclear, hidroenergía y electricidad), y al mismo tiempo se configuró un sistema que tendía a centralizar, a nivel nacional, la planificación y la financiación de su expansión.

Este proceso mantuvo su vigencia hasta los últimos años de la década del 80 del siglo pasado, cuándo la Argentina hizo el movimiento inverso, de nuevo en consonancia con un cambio de paradigma a nivel internacional. Este movimiento, favorecido por un conjunto de factores internos y ejecutado por un gobierno encabezado por un partido de tradición popular democráticamente elegido, implicó una reforma económica profunda y de gran alcance que abarcó también al sector energético.

En ese nuevo contexto, la idea de planificar centralizadamente el sector energético perdió total sustento, y hasta la palabra fue eliminada del lenguaje oficial. Para reemplazarla, se usó un eufemismo (“prospectiva”) que en la práctica estaba vacío de contenido. Esa tarea, junto con la financiación de las nuevas inversiones, se delegó en las ex empresas estatales, entonces privatizadas en forma urgente como unidades de negocio, y transferidas al capital local o foráneo, prácticamente sin ningún tipo de discriminación.

La reforma económica llevada a cabo, junto con la aplicación de un régimen de convertibilidad cambiaria, fue parte del sustento material de la apertura de la Argentina al mundo de manera incondicional, y de la evaporación de ideas sobre el rol de estado que habían sido preservadas durante muchos años como objetos de culto por la sociedad y casi todos los partidos políticos.

El nuevo paradigma, de súbita pertenencia al primer mundo, fue sostenido hasta su agotamiento por los actores sociales de mayor gravitación, cuando la crisis social, económica y política del 2001 puso fin a la ilusión de una manera dolorosa y traumática, evidenciando en la superficie de nuestra geografía social fenómenos cuya manifestación perdura actualmente, agravados en ciertos aspectos.

Esta interpretación general del período genéricamente denominado “años 90”, en el cual se produjo un profundo y rápido cambio institucional, económico y político del sistema energético, no estaría completo sin un análisis sobre las causas internas (incluyendo las intrasectoriales) que lo impulsaron. Este capítulo, que no puede ser abordado aquí por razones de espacio, es una deuda pendiente de los estudiosos del sector y, sin duda, debería integrar parte del diagnóstico que fundamente el enfoque de la planificación a adoptar en el futuro[3].

No es fácil describir la situación sectorial actual; quizás la expresión más fácilmente disponible es “situación de transición”[4]. Imaginamos que se trata de una transición entre un sistema centrado en el mercado a un sistema que combine, de forma novedosa, la actuación de la esfera pública con la de la esfera privada, articulando la relación entre los actores con reglas y mecanismos transparentes, equitativos y eficaces de funcionamiento y de financiamiento de las actividades de producción, transporte y distribución de bienes y servicios energéticos.

En este punto podemos preguntarnos si están dadas las condiciones sociales, políticas y económicas para llevar adelante un proceso de planificación sectorial. No es fácil responder a ese interrogante con un argumento contundente que no deje lugar a dudas.

Por ello proponemos impulsar una indagación en tres planos: la conveniencia y necesidad de la planificación energética en la Argentina, las posibilidades de llevarla adelante, y el tipo de planificación más adecuado a las actuales circunstancias.

No es nuestra intención, en esta oportunidad, profundizar el análisis de cada uno de estos planos, pero sí queremos plantear algunos hechos y reflexiones con relación a cada uno de ellos, que pueden servir para guiar la indagación propuesta.

Respecto a la conveniencia y necesidad de la planificación energética, lo primero y fundamental que se debe tomar en cuenta, es que la mayoría de los países practican algún tipo de intervención y/o planificación estatal del sector. Si bien en algunos de ellos, en los últimos años, se incrementó la participación de la actividad privada, el estado sigue presente con fuertes regulaciones y/o influencia política sobre la conducción de las empresas más estratégicas en materia energética. El motivo de esta presencia es evidente: la importancia creciente de disponer de un abastecimiento energético seguro para sostener el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad nacional, en un mundo competitivo que parece amenazado por la escasez de recursos naturales y los gases efecto invernadero producidos por el incremento de la actividad antropogénica.

Respecto a la posibilidad de implementar un sistema de planeamiento eficaz, se requiere la consideración de varios aspectos. Por una lado, el Estado Argentino sufre, desde hace varios años, un progresivo deterioro en varios niveles: laboral, equipamiento técnico, información estadística, infraestructura, mecanismos de financiamiento y de asignación de recursos, etc. Para subsanar estas falencias sería necesario mejorar las condiciones actuales dotando al estado de más y mejores capacidades, lo que no implica un “estado mas grande”, sino un “estado más eficiente”.

Por otro lado, las condiciones sociales e institucionales han cambiado significativamente en los últimos años. Entre otras transformaciones, la sociedad actual es más plural y diversa que antes de la reforma (multiplicación de intereses), y ha surgido una inédita preocupación por el cuidado del ambiente, como resultado de una percepción más clara de la finitud de los recursos naturales, y por lo tanto de la posibilidad de su agotamiento. Además, lo medios de comunicación masivos (incluido Internet) condicionan fuertemente las preferencias individuales, y los métodos de conocimiento y aprendizaje de las nuevas generaciones.

A nivel económico, existe una considerable presencia de actores que definen sus estrategias de producción y comercialización en función de parámetros mundiales, más allá de la frontera nacional, en parte como consecuencia del avance vertiginoso de nuevas tecnologías.

En lo político, se ha perdido el alineamiento automático del electorado a los partidos tradicionales y sus programas que hoy son prácticamente inexistentes. Asimismo, la modificación constitucional de 1994 tiende a devolver a las provincias, y también a la sociedad, atribuciones que entre los años 1930 y 1980 se concentraron en el estado nacional con el objetivo de impulsar un proceso de desarrollo con mayor integración social y autonomía respecto a los condicionamientos externos.

A nivel mundial, se evidencia una tendencia a la configuración de bloques regionales para impulsar políticas internacionales, y defender intereses nacionales con más solvencia. A nivel latinoamericano, se han robustecido iniciativas para avanzar en un proceso de integración regional y subregional, con el liderazgo de países que priorizan en sus agendas políticas objetivos de largo plazo y una activa participación global en la discusión de temas que consideran estratégicos para su futuro mediato[5].

En este nuevo contexto, cuyos rasgos centrales tratamos de sintetizar precedentemente, es necesario reflexionar acerca del tipo de planificación aplicable a las actuales circunstancias. Esa reflexión también se torna necesaria porque probablemente surja, en primera instancia, una tendencia a repetir conceptos y esquemas anteriores, producto de la discontinuidad de la práctica de la planificación, la escasez de especialistas, y las debilidades institucionales antes enunciadas. Seguramente en este campo se produjo una pérdida de capital social que es necesario recuperar y actualizar[6].

En este plano del análisis, el enfoque propuesto contiene elementos novedosos respecto a la práctica tradicional de planificación previa a los años 90, fundamentalmente porque las preguntas que se deben responder en la actualidad son más numerosas y complejas que en el pasado.

Hoy, las primeras preguntas claves que los planificadores deben abordar están relacionadas con la demanda energética. Ya no es válido planificar suponiendo que el consumo agregado de la energía crece según una relación estimada con respecto a la variación esperada del PBI. Se necesita de otros aportes interdisciplinarios, entre los cuales figuran estudios socioeconómicos detallados de los consumos energéticos de cada sector y actividad, del grado de eficiencia de dichos consumos, y de la probable evolución de los hábitos de consumo y de las tecnologías de producción y usos energéticos.

La Argentina registra en su historia de consumos energéticos comportamientos aberrantes, ya que en varios períodos la demanda aumentó más que el PBI, e incluso creció cuando la actividad económica se contrajo. La mayoría de los países que han implementado políticas de conservación y eficiencia energética –que ya son muchos- tienen tasas de crecimiento del consumo energético con variaciones proporcionalmente menores que el aumento del PBI. El diagnóstico de la situación actual de la Argentina nos indica que indefectiblemente se debe adoptar, en el más breve plazo posible, ese tipo de conducta; y para ello es necesario efectuar políticas públicas enérgicas y de amplio alcance, por la cantidad de actores e intereses en juego y la necesidad de cambiar hábitos culturales sostenidos en la creencia de que la Argentina tiene recursos ilimitados, y en la ausencia de sanciones sociales y legales a la ineficiencia y el derroche en su producción, transporte y consumo[7].

Desde la perspectiva de la oferta energética futura, también es necesario introducir en los análisis variables antes no consideradas o tratadas en un nivel de poca relevancia. Hoy no es suficiente definir un elenco de emprendimientos energéticos para sostener una demanda esperada. El rango, diversidad, localización y certidumbre de proyectos a tener en cuenta es amplio y complejo; el cálculo de su costo y rentabilidad -privada y social- debe ser medida y analizada con métodos apropiados; y su financiamiento requiere de propuestas creativas teniendo en cuenta, en especial, que su asignación se define en un terreno en el cual compiten múltiples necesidades sociales.

Un capítulo aparte merece el tratamiento de los temas ambientales y de “cambio climático”. Estas cuestiones inciden en la resolución de la problemática energética, y su ámbito de discusión y decisión está instalado, centralmente, en el orden internacional. La Argentina tiene un retraso significativo en la institucionalización del estudio de estos temas que exceden al sector energético, pero que no pueden dejar de ser considerados en los análisis y propuestas de la planificación.

En cuanto a los actores del proceso de planificación energética, es necesario asumir que el estado no tiene la capacidad de conocer, por sí mismo, las expectativas, intereses, y necesidades de todos y cada uno de los involucrados en la actividad del sector. Por ello la planificación debe tener un importante e inteligente contenido de participación en su desarrollo y ejecución. Para ello se requieren metodologías y técnicas que acerquen a la mesa de trabajo de los planificadores la mejor información sobre la calidad y cantidad de las preferencias y acciones de los actores en juego. Hay varias herramientas disponibles y en uso que sirven para ese fin. Una, instalada en la Argentina desde hace varios años, pero que todavía tiene que ser perfeccionada en varios aspectos, es la audiencia pública.

Esta idea de participación excluye la posibilidad de que la planificación sea exclusivamente mandatoria o normativa, -en el sentido de que todos los actores tienen que cumplir con lo prescripto en el plan-, y un acto unilateral del estado que culmina con un “libro plan”. Lo que estamos visualizando para el futuro es la implementación de un mecanismo permanente y flexible que formule objetivos, metas, estrategias y medidas públicas específicas, legitimadas por el reconocimiento de los actores a los cuáles comprende, y revisadas –y adaptadas, si es necesario- en forma sistemática, y con las herramientas apropiadas. Para ello es indispensable contar con abundante información de la mejor calidad, administrada mediante sistemas informáticos modernos.

En este aspecto también hay que tomar en cuenta que la problemática energética es transversal a todos los sectores y actividades económicas, lo que requiere elaborar, con la participación de las instituciones públicas y privadas, un diagnóstico de la situación actual, y una apreciación del futuro de cada uno de ellos. Esto conduce a la necesidad de que el planeamiento esté sustentado en un sólido esquema institucional basado en normas legítimamente instituidas, en el cual el estado es el primero que tiene que internalizar los requisitos básicos para asegurar su viabilidad y eficacia.

Finalmente deseamos enfatizar que, en el trasfondo de este enfoque de la planificación, se asume la existencia de una sociedad democrática y republicana, en la cual funcionan mecanismos de representación legítimos, a través de los cuáles la sociedad expresa sus preferencias básicas respecto al país deseado para el futuro. Es en la esfera política dónde se deben tomar las decisiones centrales que guiarán la planificación del sector y su ejecución. Y para ello se necesita construir, como condición necesaria pero no suficiente, una sólida base técnica que sustente las propuestas alternativas a ser consideradas y seleccionadas en el campo de la política.


[1] Agradezco los comentarios recibidos de distintos especialistas a los borradores de este artículo, los cuales me ayudaron a mejorar ciertos aspectos del original; especialmente al Lic. Fernando Abadie, el Ing. Bautista Marcheschi, el Dr. Vicente Palermo y el Lic. Jorge Sidelnick. Las ideas planteadas están inspiradas, en parte, en los estudios que, desde hace casi 3 años, un grupo de técnicos y profesionales desarrollamos en el Grupo de Planeamiento Energético, coordinado conjuntamente con el Ing. Juan Legisa, y la dirección del Secretario de Energía, Ing. Daniel Cameron. El análisis y propuestas aquí expresadas son de mi exclusiva responsabilidad.
[2] Propuestas de una mayor intervención pública en actividades energéticas, en esos momentos consideradas de exclusiva competencia del sector privado se venían realizando, por actores individuales y en diferentes ámbitos, desde principios del siglo XX. Véase “Política y Servicios Públicos: el caso del servicio de electricidad de la ciudad de Buenos Aires”, desde sus orígenes (1887) hasta su estatización. Guillermo Genta. Tesis de Maestría en Sociología y Ciencia Política. Flacso. 2007.
[3] Un antecedente a considerar para este estudio son los informes, elaborados en el ámbito de la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), sobre el grado de cumplimiento de los contratos de concesión de distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural. Ver: www.uniren.gov.ar/energía_electrica/inf_cumplim_contratos_elect.pdf y  www.uniren.gov.ar/energía_gas/inf_cumplim_contratos_gas.pdf
[4] Debe recordarse que todavía está en vigencia, después de sucesivas prorrogas, la ley de emergencia dictada en el año 2002.
[5] Entre las iniciativas regionales y subregionales más importantes están el MERCOSUR (Mercado Común del Sur), la CAN (Comunidad Andina), la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), y el acuerdo bilateral firmado entre los presidentes de Argentina y Brasil en febrero de 2008. Más recientemente Estados Unidos está dando un giro sustantivo e interesante de su política en materia energética  y con respecto a los países de la región.
[6] Esta consideración debe ser matizada dado que existen estudios sectoriales en los cuáles se comparan proyectos planeados con los efectivamente realizados antes de las reformas económicas concluyendo, con fundamentos empíricos, que el sistema de planeamiento aplicado en ese entonces era ineficaz e ineficiente.
[7] En este sentido un primer paso institucional destacable es el Decreto Nº 140/2007: Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía