El senador
Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al
subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el
encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la
represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de
la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora
que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En
otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia,
que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo
acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los
deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función
pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y
Minería, Juan José Aranguren.
Las represas
presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río
Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde
su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están
cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno
afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la
cordillera al mar.
De acuerdo a
la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado,
respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue
como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA,
que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de
las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más
amigable con el medio ambiente.
Según su
perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible
que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de
IATASA(además de otras empresas con conflictos de intereses con el
Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su
paso por la consultora.
El 10 de
diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía
Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director
titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa
encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una
sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al
Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía
que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales
nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue
ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto
de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge
Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía
Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste",
resumieron Solanas y Viale.
Está
previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de
julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de
Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será
favorable.
"En
definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública
es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí
mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del
procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba
ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese
conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que
Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo
de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa
Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de
independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier
decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto
hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
Para
corroborar el planteo de nulidad, los denunciantes apelaron al "Simulador
de Conflicto de intereses" del sitio web de la Oficina Anticorrupción.
El siguiente video muestra el proceso:
La
conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública
establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los
últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y
generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta
giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además
de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero
de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso
administrativo", concluyó el abogado.
Infobae
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