Nota de Editor
Organizaciones empresarias buscan en el Senado acotar los alcances del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria votado en Diputados y minimizar sanciones por delitos de corrupción. Esta ley es una exigencia impuesta por la OCDE para ingresar a la organización.
La nota
"Referentes de cámaras empresariales coincidieron en pedir cambios a la
ley de responsabilidad penal para personas jurídicas debatida en el Senado y el
principal que quieren es excluir de sanciones a las compañías que tuvieran un
programa de integridad.
Estos planes son conocidos como compliance, consisten en una auditoría interna
para evitar delitos de los empleados y ejecutivos, pero están lejos de ser
infalibles.
Así lo entendieron los diputados de todos los bloques que optaron por
modificar el proyecto original del Gobierno y evitar la eximición de las penas
a las empresas que apliquen estos programas.
Se basaron en un dato que llegó a los pasillos del Congreso: la
constructora brasileña Odebrecht tenía un compliance que no evitó
que repartiera coimas en todo el mundo para ganar licitaciones.
El dato no fue tenido en cuenta por los empresarios invitados a la
comisión de asuntos penales del Senado, que se reunió por cuarta vez para
debatir el proyecto y no lo trataría hasta después de las elecciones de
octubre. Como tendrá cambios no será fácil que Diputados lo sancione este año.
"Hay que volver a la redacción original en lo que hace a la
eximición de responsabilidad en los casos de que exista un programa de
integridad", pidió Daniel Funes de la Rioja, vicepresidente de la Unión
Industrial Argentina.
Una posición similar tuvieron Alejandro Díaz y Juan Manuel
Vaquer, CEO y prosecretario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Vaquer rechazó la exclusión a las Pymes de las sanciones, impuesta por el
massismo y cuestionada también por la titular de la oficina Anticorrupción,
Laura Alonso.
También criticó que los diputados hayan implementado la responsabilidad
"objetiva" de las empresas, o sea, o se contemplará la
intencionalidad al momento de sancionarlas.
"El hecho de no establecer un régimen de responsabilidad subjetiva,
sino hacerlo de manera objetiva como está redactado en la norma, no promueve y
no incentiva las buenas prácticas porque trata a todos de la misma
manera", cuestionaron.
Díaz fue más lejos y habló de un riesgo de perder inversiones, la frase
que nunca quiere escuchar el Gobierno. No tuvo muchos oyentes, porque la
campaña electoral le impidió estar a la mayoría de los senadores de la
comisión.
Más preocupado pareció Julio César Crivelli, presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción. "Hay que coordinar todo esto, lo cual no es
fácil por la anarquía que poseemos en nuestro derecho. Hay que trabajar
muchísimo y profundamente en esta ley", propuso.
Carlos Rozen, Asociación Argentina de Ética y Compliance, defendió las
bondades del programa que los empresarios consideran la llave de la
transparencia. "Hay un 15% de la población que es corrupta bajo cualquier
aspecto, un 15% que es honesta en todos los casos. El resto es voluble. Para eso
está el programa de Compliance", explicó. Contó que en Perú y en Chile hay
modelos de regulación de la Comisión de Valores, pero no lo imaginó para
Argentina.
Los banqueros también pidieron revisar el alcance de los delitos
posibles de las compañías, que los diputados no limitaron al cohecho, como
pretendía el Gobierno. "Este es un proyecto de ley que combate la
corrupción y el cohecho transnacional, de manera que es importante que los
delitos a los que se refiere sean los referidos a estas conductas. No podemos
tener una generalización", dijo María Elena Casasnovas de Asociación de
Bancos Argentinos (ADEBA).
Munilla Lacasa, del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA) pidió revisar el alcance de las penas, que van del 1% al
10% de la facturación de las compañías.
"Violan el principio de proporcionalidad porque no guardan relación
con la conducta o el beneficio obtenido sino con los beneficios anuales de la
compañía, y eso da lugar a planteos de inconstitucionalidad".
Un reclamo similar había hecho Vaquer, representante de empresas
estadounidenses. "Hay compañías que facturan mucho y tienen bajas tasas de
ganancias. Como los supermercados", se victimizó. No hubo preguntas para
nadie."
LPO
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