Un documento oficial que vio LA
NACION puntualiza, con alto grado de detalle, cuáles son los proyectos en
marcha para combatir los cortes de electricidad. Contemplan desembolsos en
generación térmica, nuclear y renovable que aumentarán en más de 20% la capacidad
real de producción de energía, así como el tendido de nuevas líneas de
transporte en alta tensión y desembolsos en distribución para mejorar la
prestación a los hogares, uno de los principales argumentos que esgrimió el
Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, para justificar los
aumentos de tarifas.
Una parte sustancial de los
desembolsos están orientados a la generación sobre la base de gas u otros
combustibles, en el marco de la denominada resolución 21, que creó condiciones
atractivas para las empresas privadas. Están en marcha con diverso grado de
avance inversiones por entre US$ 2600 millones y US$ 3000 millones para
instalar 2989,3 MW, de los cuales la mayor parte deberían estar listos este año
(unos 2848 MW) para atender la demanda del verano próximo. Por eso el Gobierno
los sigue de cerca.
A principios de mes se puso en marcha
la primera central en el marco de ese programa, con desembolsos por US$ 110
millones, a cargo de la empresa Genneia. La asistencia oficial fue nutrida. Estuvieron
Aranguren y otros funcionarios nacionales y provinciales.
Los proyectos de la resolución 21, de
diverso tamaño, están distribuidos por casi toda la geografía local. Hay en
Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y
Tucumán, por caso.
La buena respuesta de las empresas
obedece al manual de la inversión privada: el Gobierno les garantizó la
colocación de la energía con contratos a largo plazo y un precio que promete
ganancias.
Con la misma letra se escribieron los
contratos de energías renovables, una de las grandes apuestas del Gobierno para
captar desembolsos. El Estado se compromete a cumplir un acuerdo en dólares a
20 años por el cual Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico,
comprará la energía que produzcan esos proyectos. Tendrá un ajuste de 1,7%
interanual para compensar la inflación en moneda extranjera. Se esperan
desembolsos por US$ 3500 millones hasta 2019 para instalar 2423 MW.
A diferencia del caso térmico, la
mayor parte de los proyectos no estará listo este año, sino en 2018 (2411 MW),
por lo que llevarían calma a la demanda eléctrica en el último verano a cargo
de la administración actual. Fuentes del sector privado advirtieron en los
últimos días que algunos proyectos podrían demorarse por dificultades de acceso
al financiamiento. Fue uno de los temas que se discutieron en el Congreso de
Energía Renovable, que se hizo a fines del mes pasado.
Poco después del cambio de Gobierno,
Aranguren declaró la emergencia eléctrica hasta este año. Justificó la decisión
en el precario estado general del sistema, en el que remarcó la escasez de
generación para la demanda local. Eso justifica la búsqueda de inversiones en
ese sector.
Aunque la gestión de Macri intentó
poner en manos privadas el riesgo inversor, al menos en esta administración el
Estado continuará desembolsando fondos millonarios, una orientación que llevó
al extremo el kirchnerismo. El mejor ejemplo es el sector nuclear.
En las inmediaciones de las centrales
Atucha I y II se construirá el Carem 25, la primera central nuclear de potencia
íntegramente diseñada y construida en el país. Esta semana se le adjudicó a la
constructora de Techint la obra civil del edificio del reactor, que deberá
realizarse en 25 meses por unos US$ 70 millones.
El proyecto comenzó en el
kirchnerismo, pero tiene un avance físico magro, de 0,39%. El organigrama
oficial contempla que debería estar terminado en julio de 2019, algo que lo
convertiría en un prominente anuncio en las vísperas de la campaña presidencial.
El Estado también invertirá $ 983
millones en una planta procesadora de uranio en Formosa. La obra también fue
anunciada en el kirchnerismo, pero sólo avanzó en términos físicos 0,271 por
ciento. Los documentos sostienen que debería estar terminada en enero de 2020.
Otro paquete de obras que finalizarán
entre junio de este año y enero de 2019 apuntan a mejorar la capacidad de
transporte de energía eléctrica a nivel nacional. Suman desembolsos por $ 1761
millones.
A eso se suman los planes
quinquenales de Edenor y Edesur, que se comprometieron a poner unos $ 40.000
millones para mejorar el servicio.
Un antídoto
contra los problemas
Los principales desembolsos en marcha
$ 160.000 millones: Son los desembolsos totales en marcha en el sector eléctrico según
figura en un informe oficial con fecha de mayo pasado y datos privados. Se
reparten en generación térmica, renovable y nuclear, en transporte y en
distribución (Edenor y Edesur)
US$ 754 millones: El Gobierno continúo con algunos proyectos en energía atómica que habían
sido anunciados en el kirchnerismo, pero que tenían un avance casi nulo.
Incluyen una planta de procesamiento de uranio, un reactor de diseño local y la
ampliación de Embalse.
Hasta US$ 300 millones: Están en marcha varios proyectos en el marco de la denominada
Resolución 21, que otorgó mejores condiciones para la inversión privada en
generación eléctrica. A principios de mes se inauguró el primer emprendimiento.
Será clave el verano próximo.
US$ 3500 millones: La licitación de energías renovables estuvo entre las mejores
noticias que dio el primer año de gobierno, con contratos en dólares a largo
plazo. Algunos especialistas temen que no todas las empresas consigan financiamiento.
$ 1761 millones: Según el plan oficial, es el desembolso que se está realizando en
las redes de alta tensión a nivel nacional y en transformadores,
principalmente. Busca llevar la energía eléctrica a los grandes centros de
consumo.
$ 40.000 millones: Edenor y Edesur prometieron inversiones por esa cifra en el siguiente
lustro en el marco de la revisión tarifaria integral, que les garantizó un
marco de negocios estable para los próximos cinco años.
La Nacion
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