La hidroelectricidad, junto con la energía
eólica y la solar, entre otras, es una fuente de energía renovable, cuyas ventajas merecen revalorizadas en momentos en que la Argentina tiene la oportunidad y la necesidad de elaborar una mirada estratégica sólida en materia energética.
Los aprovechamientos hidráulicos planificados
(en especial de propósitos múltiples), proyectados, ejecutados y mantenidos
adecuadamente contribuyen al abastecimiento de agua y energía. Además permiten
el almacenamiento de energía a través de la regulación del embalse, el riego y
uso industrial, el control de crecidas, la navegación, la intercomunicación
vial, la protección de la fauna ictícola, el turismo y la recreación, entre
otros beneficios.
La Argentina tiene una experiencia acumulada en
materia de emprendimientos hidroeléctricos y un potencial de explotación del
recurso hídrico en gran medida desaprovechados desde hace más de dos décadas.
Nuestra matriz eléctrica actual está conformada aproximadamente en un 95% por
energía térmica (65%) y energía hidráulica (30%). El resto lo integran la
energía nuclear, otras renovables y la energía importada de países limítrofes,
cuando así se requiere.
Como sabemos la energía térmica se basa en
hidrocarburos: gas y derivados del petróleo. Siendo estos recursos no
renovables. La potencia instalada hidroenergética en nuestro país creció a un
ritmo superior a la térmica hasta 1988 y luego de ese año tendió a amesetarse.
A partir de 1997 el aumento de la generación térmica fue notoriamente superior a la hidroenergética, que prácticamente se estacionó en los valores alcanzados a esa fecha. Esta concentración de la matriz eléctrica en las fuentes térmicas no renovables estuvo notoriamente influenciada por la privatización de empresas públicas de electricidad (Agua y Energía S.E. e Hidronor S.A, principalmente), el retiro del Estado como planificador y productor, cambios tecnológicos en los equipos térmicos que aumentaron sensiblemente su rendimiento, el menor plazo de retorno del capital invertido en generadoras térmicas, la carencia de fuentes de financiamiento a largo plazo y el bajo precio del gas local en ese entonces.
Desde el punto de vista temporal, actualmente
una planta de generación térmica tiene un plazo de construcción de alrededor de
2 años (plantas que además se puede desarmar y trasladar a cualquier punto del
planeta), en tanto que las obras hidroenergéticas demandan plazos que van de
los 5 a 10 años de ejecución y constituyen un capital no recuperable. Pero
además de los factores mencionados precedentemente, se deben tomar en cuenta
otros efectos benéficos (que no se consideran en los cálculos privados) para
decidir la mejor opción en cada caso. Las obras hidroeléctricas -que se pueden
construir íntegramente con recursos y mano de obra locales- bajo ciertas
condiciones pueden constituir un factor de crecimiento social, económico y de
infraestructura en la región de implantación. Fenómeno que no se produce con
las plantas térmicas.
Por otra parte, los cálculos de costo - beneficio
de estas obras se inclinan a favor de la energía hidroeléctrica a medida que el
precio de los hidrocarburos aumenta. Especialmente el del gas. Como sabemos, la
Argentina pasó de ser un país con gas a tener que recurrir al abastecimiento
externo; afectando así negativamente nuestro comercio exterior.
Si bien existen expectativas respecto a la
explotación doméstica de gas no convencional, la producción para cubrir la
demanda interna se alcanzaría en el mediano y largo plazo. Dados los beneficios
y condiciones actuales, éste es un buen momento para impulsar un plan de obras
hidroenergéticas planteando una secuencia temporal que permita su ejecución,
asegure nuestro abastecimiento y aproveche el potencial energético de nuestros
recursos renovables. Algunos pasos ya se han dado en ese sentido con obras en
marcha o de próxima ejecución. Para elaborar dicho plan deberían tomarse en
cuenta al menos 5 condiciones para fortalecer su viabilidad.
Financiamiento. Para comprometer financiamiento
de largo plazo hay que lograr una combinación de recursos públicos, de
organismos internacionales y del sector privado. Los recursos públicos pueden
originarse en un fondo específico destinado a ese fin, similar a los existentes
antes de la privatización. El financiamiento internacional podría provenir de
entidades mundiales o regionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, que a su vez facilitan el
apalancamiento de otros préstamos. También es posible obtener préstamos
ventajosos de agencias de exportación de proveedores externos. Los recursos
privados se podrían conseguir adjudicando la obra a un consorcio de empresas
privadas que además, una vez terminada, la opere y la mantenga a cambio de un
contrato de abastecimiento energético que permita recuperar el capital
invertido. Acuerdos provincias - nación. A partir de la reforma constitucional
de 1994, las provincias tienen el dominio originario de los recursos de su
jurisdicción. Esto implica que los emprendimientos hidroenergéticos tienen que
ser acordados con las respectivas provincias, asegurando con ello los
beneficios locales de equipamientos que aportan al sistema nacional de
electricidad. Condiciones socio ambientales. La experiencia y los cambios de
paradigma de las últimas décadas implican una visión más profunda de las
consecuencias sociales y ambientales de esto emprendimientos. Las normas
actuales exigen un análisis estricto y la consulta de los intereses locales
afectados por las obras. Ello constituye un medio apropiado para mitigar los
posibles efectos adversos de una nueva usina. Proyectos hidroenergéticos.
Existe un número importante de estudios y
proyectos de diversa magnitud, elaborados por las ex empresas públicas, que son
practicables con las debidas adecuaciones tecnológicas y ambientales. Ese
conocimiento implica un capital invertido que no debería desecharse, ya que
llevó muchos años de trabajo de cientos de técnicos y profesionales que si hoy
habría que realizar sería muy costoso y complejo. Sobre el particular, a nivel
gubernamental, se están desarrollando tareas de reelaboración de proyectos que
permitirán disponer en un corto plazo de un catálogo actualizado de obras a
licitar cuando así se decida.
Finalmente, para llevar adelante un programa que
contemple de manera integral los aspectos involucrados en su desarrollo,
permitiendo incrementar sustantivamente la participación de las energías
renovables en la matriz eléctrica, deberían establecerse diseños
institucionales que definan claramente las responsabilidades de las diferentes
competencias públicas y privadas. Es posible que una institucionalidad así
reformulada demande la conformación de una agencia responsable de ejecutar y
coordinar las tareas que aseguren el logro de las metas propuestas.
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