Noticia: "Cayó 11% la venta de GNC en los primeros cinco meses del año"

"La venta de GNC en estaciones de servicio de todo el país registró una caída de 11% en los primeros cinco meses del año, según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), y atribuyó la disminución del consumo al aumento del combustible en 2016.
“El consumo de GNC durante enero a mayo de 2017, respecto de iguales meses del año 2016, muestra una notoria disminución mes a mes”, afirmó el reporte de la entidad que nuclea a las estaciones de servicio de todo el país.
En promedio, la baja entre ambos períodos oscila en 11%, caída que se debe “principalmente al aumento del valor de GNC durante 2016 y al impacto que tiene en la demanda la proyección del aumento de gas para este año”.
En la misma línea, las conversiones de vehículos a GNC cayeron sensiblemente en todas las provincias por encima del 79% respecto a los primeros cinco meses de 2016.

Inversor

Noticia: "El petróleo alcanza precios máximos en dos meses"

"El precio del petróleo cotizado en Nueva York se disparó un 8,6% durante la semana pasada, el más alto desde principios del pasado diciembre.

El barril de “light sweet crude” para entrega en septiembre avanzó un 1,4% en el New York Stock Exchange (Nymex), su máximo en dos meses, coincidiendo con un avance en el número de plataformas petrolíferas operando en Estados Unidos.

Los analistas atribuyeron este ascenso a la debilidad del dólar, al reciente compromiso de Arabia Saudí para reducir sus exportaciones de crudo en agosto y a la incertidumbre en torno a los suministros procedentes de Venezuela.

La firma privada Baker Hughes anunció este viernes que esta semana hubo dos plataformas más que se sumaron a las que están operando actualmente en Estados Unidos, hasta alcanzar las 766 unidades, mientras que hace un año en estas fechas había 374.

Arabia Saudí, el principal productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha indicado que limitará sus exportaciones de crudo hasta 6,6 millones de barriles diarios, cerca de un millón de barriles menos que los de agosto de 2016.

En tanto, el precio del oro subió un 1,2% en la semana a u$s 1.269,10. Así cerró en máximos en seis semanas, después de que un dato de inflación menor al esperado en Estados Unidos redujo expectativas de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés y luego de que Corea del Norte lanzó un misil balístico, lo que generó compras de refugio.

Datos sobre el Producto Interno Bruto del segundo trimestre y los costos laborales también hicieron que cayera el dólar, lo que a su vez provocó que el oro se abaratara para tenedores de otras monedas.

El dato “mostró una gran baja en la tasa de inflación anual a nivel general así que no hay urgencia para la Fed de subir las tasas”, dijo el analistas de Commerzbank Carsten Fritsch.
El oro es sensible a las alzas de tasas porque hacen subir los rendimientos de los bonos, lo que hace a los activos que no rinden intereses menos atractivos para los inversores, y porque tienden a impulsar al dólar.

Inversor energetico

Video: "Los negocios oscuros de Vaca Muerta" Carlos Pagni

Nota del Editor: Fortalecer la construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos

La hidroelectricidad, junto con la energía eólica y la solar, entre otras, es una fuente de energía renovable, cuyas ventajas merecen revalorizadas en momentos en que la Argentina tiene la oportunidad y la necesidad de elaborar una mirada estratégica sólida en materia energética.

Los aprovechamientos hidráulicos planificados (en especial de propósitos múltiples), proyectados, ejecutados y mantenidos adecuadamente contribuyen al abastecimiento de agua y energía. Además permiten el almacenamiento de energía a través de la regulación del embalse, el riego y uso industrial, el control de crecidas, la navegación, la intercomunicación vial, la protección de la fauna ictícola, el turismo y la recreación, entre otros beneficios.

La Argentina tiene una experiencia acumulada en materia de emprendimientos hidroeléctricos y un potencial de explotación del recurso hídrico en gran medida desaprovechados desde hace más de dos décadas. Nuestra matriz eléctrica actual está conformada aproximadamente en un 95% por energía térmica (65%) y energía hidráulica (30%). El resto lo integran la energía nuclear, otras renovables y la energía importada de países limítrofes, cuando así se requiere.

Como sabemos la energía térmica se basa en hidrocarburos: gas y derivados del petróleo. Siendo estos recursos no renovables. La potencia instalada hidroenergética en nuestro país creció a un ritmo superior a la térmica hasta 1988 y luego de ese año tendió a amesetarse.

A partir de 1997 el aumento de la generación térmica fue notoriamente superior a la hidroenergética, que prácticamente se estacionó en los valores alcanzados a esa fecha. Esta concentración de la matriz eléctrica en las fuentes térmicas no renovables estuvo notoriamente influenciada por la privatización de empresas públicas de electricidad (Agua y Energía S.E. e Hidronor S.A, principalmente), el retiro del Estado como planificador y productor, cambios tecnológicos en los equipos térmicos que aumentaron sensiblemente su rendimiento, el menor plazo de retorno del capital invertido en generadoras térmicas, la carencia de fuentes de financiamiento a largo plazo y el bajo precio del gas local en ese entonces.

Desde el punto de vista temporal, actualmente una planta de generación térmica tiene un plazo de construcción de alrededor de 2 años (plantas que además se puede desarmar y trasladar a cualquier punto del planeta), en tanto que las obras hidroenergéticas demandan plazos que van de los 5 a 10 años de ejecución y constituyen un capital no recuperable. Pero además de los factores mencionados precedentemente, se deben tomar en cuenta otros efectos benéficos (que no se consideran en los cálculos privados) para decidir la mejor opción en cada caso. Las obras hidroeléctricas -que se pueden construir íntegramente con recursos y mano de obra locales- bajo ciertas condiciones pueden constituir un factor de crecimiento social, económico y de infraestructura en la región de implantación. Fenómeno que no se produce con las plantas térmicas.

Por otra parte, los cálculos de costo - beneficio de estas obras se inclinan a favor de la energía hidroeléctrica a medida que el precio de los hidrocarburos aumenta. Especialmente el del gas. Como sabemos, la Argentina pasó de ser un país con gas a tener que recurrir al abastecimiento externo; afectando así negativamente nuestro comercio exterior.

Si bien existen expectativas respecto a la explotación doméstica de gas no convencional, la producción para cubrir la demanda interna se alcanzaría en el mediano y largo plazo. Dados los beneficios y condiciones actuales, éste es un buen momento para impulsar un plan de obras hidroenergéticas planteando una secuencia temporal que permita su ejecución, asegure nuestro abastecimiento y aproveche el potencial energético de nuestros recursos renovables. Algunos pasos ya se han dado en ese sentido con obras en marcha o de próxima ejecución. Para elaborar dicho plan deberían tomarse en cuenta al menos 5 condiciones para fortalecer su viabilidad.

Financiamiento. Para comprometer financiamiento de largo plazo hay que lograr una combinación de recursos públicos, de organismos internacionales y del sector privado. Los recursos públicos pueden originarse en un fondo específico destinado a ese fin, similar a los existentes antes de la privatización. El financiamiento internacional podría provenir de entidades mundiales o regionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, que a su vez facilitan el apalancamiento de otros préstamos. También es posible obtener préstamos ventajosos de agencias de exportación de proveedores externos. Los recursos privados se podrían conseguir adjudicando la obra a un consorcio de empresas privadas que además, una vez terminada, la opere y la mantenga a cambio de un contrato de abastecimiento energético que permita recuperar el capital invertido. Acuerdos provincias - nación. A partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias tienen el dominio originario de los recursos de su jurisdicción. Esto implica que los emprendimientos hidroenergéticos tienen que ser acordados con las respectivas provincias, asegurando con ello los beneficios locales de equipamientos que aportan al sistema nacional de electricidad. Condiciones socio ambientales. La experiencia y los cambios de paradigma de las últimas décadas implican una visión más profunda de las consecuencias sociales y ambientales de esto emprendimientos. Las normas actuales exigen un análisis estricto y la consulta de los intereses locales afectados por las obras. Ello constituye un medio apropiado para mitigar los posibles efectos adversos de una nueva usina. Proyectos hidroenergéticos.

Existe un número importante de estudios y proyectos de diversa magnitud, elaborados por las ex empresas públicas, que son practicables con las debidas adecuaciones tecnológicas y ambientales. Ese conocimiento implica un capital invertido que no debería desecharse, ya que llevó muchos años de trabajo de cientos de técnicos y profesionales que si hoy habría que realizar sería muy costoso y complejo. Sobre el particular, a nivel gubernamental, se están desarrollando tareas de reelaboración de proyectos que permitirán disponer en un corto plazo de un catálogo actualizado de obras a licitar cuando así se decida.

Finalmente, para llevar adelante un programa que contemple de manera integral los aspectos involucrados en su desarrollo, permitiendo incrementar sustantivamente la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica, deberían establecerse diseños institucionales que definan claramente las responsabilidades de las diferentes competencias públicas y privadas. Es posible que una institucionalidad así reformulada demande la conformación de una agencia responsable de ejecutar y coordinar las tareas que aseguren el logro de las metas propuestas.

Nota de opinión: "Contra el prejuicio, información" Irma Argüello

"Mientras el gobierno nacional define líneas estratégicas y negocia proyectos energéticos internacionales, como los acuerdos nucleares con China, se observa un incremento en la circulación de información de sesgo antinuclear. Contrastar tal información con datos fehacientes es imprescindible para evitar la manipulación de la opinión pública en un tema de alto interés para el país.

Los argumentos antinucleares sugieren que el mundo, y sobre todo los países desarrollados, está abandonando la energía nuclear. La realidad es que la generación nucleoeléctrica crece a un ritmo sostenido desde hace años y se estima que contribuirá con el 25% del consumo mundial para 2050. A los casi 450 reactores nucleares que producen electricidad en 30 naciones, se suman otros 60 en construcción en Estados Unidos, China, Finlandia, Francia, Corea del Sur, la India y Rusia.

Para cubrir sus necesidades en forma racional, la mayoría de las naciones opta por un mix de fuentes de energía, basado en la conveniencia y nunca en el prejuicio. Por sus características, sólo ciertas fuentes de energía como los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), la energía nuclear y en cierta medida la hidroeléctrica son aptas para sostener el desarrollo industrial de un país. Las energías renovables, solar y eólica, en su estado de desarrollo, además de ser costosas, no pueden sustituir a las anteriores, sino para usos reducidos.

Es cierto que un puñado de países proclamó el cierre de sus reactores de potencia, pero algunos como Suecia y los Países Bajos se han vuelto atrás. El caso de Alemania es revelador, ya que mantiene esa postura a riesgo de su seguridad energética, con fuertes compras de gas a Rusia y de electricidad de origen nuclear a Francia. Resulta también paradójico que dicho país siga albergando en su territorio armas nucleares por los acuerdos de la OTAN. Es claro que tales países no han abandonado la tecnología nuclear al mantener en operación sus reactores de investigación y producción de radioisótopos. Esto representa una continuidad con idéntico nivel de supuesto riesgo que el que dicen reducir al abolir la generación de energía por medios nucleares. A pesar de los ideólogos antinucleares, el interés del mundo por esta fuente de energía existe y crecerá. Se basa en la baja contaminación, los altos niveles de seguridad y también en la competitividad en costos.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) indica que sin energía nuclear sería para muchos países imposible cumplir con sus metas por el Acuerdo de París, respecto del cambio climático. Aunque se ha estigmatizado esta actividad, sobre todo después de Chernobyl y Fukushima, los mayores desastres industriales de la historia han provenido de otras industrias como la petrolera, en Alaska y el golfo de México, y la química, en Bhopal, la India.

Es evidente que la peligrosidad de cualquier industria se reduce con tecnología, inversiones y operación responsable. Esto aplica a la gestión de residuos nucleares, campo en el que existen tecnologías avanzadas para reducir los riesgos. Éstas ya se utilizan en países con alta conciencia ambiental como Suecia y Finlandia, donde las localidades compiten por albergar los repositorios finales.

En la Argentina, la energía nuclear lleva una gestión de más de 60 años, con admirable continuidad entre los sucesivos gobiernos. La actividad nuclear ha sido un polo de desarrollo de la industria nacional y ha funcionado como incubadora de empresas públicas y privadas, comenzando por Invap. El país exporta en paridad con las potencias mundiales y hoy construye un reactor de potencia de avanzada, el Carem-25, cuya concreción abre grandes oportunidades comerciales en el ámbito global.

Cabe reflexionar si es válido atacar la energía nuclear en su totalidad por cuestionar un acuerdo o por promover otras fuentes de energía. Nuestro país no se puede dar el lujo de tirar por la borda sus logros tecnológicos, por el contrario debe promover sus mayores fortalezas. El rol del Gobierno es arbitrar los medios para elevar a la sociedad a través del conocimiento y la educación para alejarla del prejuicio, del temor y la manipulación intencional, misión esta que los demás actores del área nuclear deberían hacer suya. Se trata de desmantelar falsedades sobre la base de información certera. Las fuentes en el mundo de hoy están al alcance de la mano."

La Nación

Noticia: "Trump propone el desguace de las normas de fracking de la era Obama destinadas a evitar la contaminación el agua "

Nota del editor

El gobierno de Trump, con el argumento que incrementa los costos privados (sin tomar en cuentas los costos sociales y ambientales) continua desandando los avances del gobierno de Obama para cuidar ese bien público que es la naturaleza.

La noticia:

"La Oficina de Gestión de Tierras (BLM, sigla en inglés) dice que se está moviendo para eliminar la regulación del año 2015, ya que duplica las normas estatales e “impone costos injustificados” en la industria del petróleo y el gas.

El gobierno de Trump se propuso desechar una regla de la era de Obama que tenía como objetivo asegurar que el fracking para el petróleo y el gas no contaminaran los suministros de agua.

La Oficina de Administración de Tierras (BLM), que es parte del Departamento del Interior, dijo el martes (23 de julio) que se está moviendo para desechar la regulación de 2015 porque duplica las normas estatales e “impone requisitos de informes onerosos y otros costos injustificados” en la industria del gas.

La regla requiere que las operaciones de fracking en terrenos públicos estén realizadas apropiadamente para que los contaminantes no se escapen en los suministros de agua. Las empresas también están obligadas a revelar públicamente los productos químicos en los fluidos utilizados en fracking, que es un proceso de perforación utilizado para liberar depósitos de petróleo y gas dentro de las formaciones rocosas.

A pesar de haber sido ultimado hace dos años, la regla del fracking nunca ha entrado en vigor debido a una serie de desafíos judiciales de la industria de combustibles fósiles y de varios Estados. La BLM había defendido inicialmente la regla pero después de la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca la Agencia ahora está proponiendo desecharla.

Según la BLM, la regla costaría a la industria del petróleo y gas por lo menos 32 millones de dólares al año y sería innecesaria ya que las compañías ya están haciendo lo que la regulación requiere “sea para cumplir con la ley estatal o voluntariamente”.

Un análisis realizado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) el año pasado encontró que las aguas residuales del fracking en los Estados Unidos “ha afectado la calidad de las aguas subterráneas y los recursos de aguas superficiales en algunos casos”, pero sigue habiendo incertidumbre sobre las consecuencias debido a la falta de información.

La regulación de fracking era una de varias reglas explícitamente dirigidas por Trump en una Orden Ejecutiva (decreto) que firmó en marzo.

La administración se ha movido agresivamente para revertir varias salvaguardias ambientales tales como los frenos en la filtración de metano, un poderoso gas de efecto invernadero y el vertido de residuos de las operaciones de minería en los arroyos.

Noticia: "Buscarán que el precio interno del petróleo converja con el internacional en 2018 "

"Los surtidores argentinos serán testigos en 2018 de un hecho poco frecuente en la historia reciente: por primera vez en 18 años, los precios de las naftas y el gasoil se moverán en línea con la cotización internacional del petróleo, por lo que tenderán a aumentar o a bajar al mismo tiempo que en el resto del mundo.

Sucede que en el Gobierno esperan que desde principios del año próximo el precio local del crudo esté en la misma línea que la cotización internacional del Brent, el tipo de petróleo que se extrae principalmente en el Mar del Norte y funciona como referencia, entre otros, en los mercados europeos hechas todas las deducciones de calidad y del costo de los fletes.

El petróleo representa cerca del 80% del costo de producción de las naftas y el gasoil. De manera que su variación inclinará los precios finales que pagarán los consumidores locales. Tendrán así una situación más parecida a la de los países vecinos.

Un documento de trabajo que circula en la mesa chica de Macri indica que en 18 meses desde el cambio de inquilino en la Casa Rosada la brecha entre el precio internacional del Brent (sumados sus costos para volcarlo al mercado interno) y el crudo local (toma en cuenta el precio del barril de Medanito, propio de la provincia de Neuquén y de los que mejor rinden en las refinerías argentinas) se redujo de US$ 25 a US$ 4 por barril. En otros términos, la diferencia que se registraba en diciembre de 2015, entre US$ 75 y US$ 50 para aquellos parámetros, descendió a principios de julio a US$ 55 contra US$ 51.

La reducción paulatina de esa brecha implicó la eliminación progresiva del barril criollo, que contempló un precio sostén interno reconocido a las productoras locales para evitar un desplome aun mayor de la inversión y sus efectos negativos sobre el empleo, en especial en la Patagonia.

A principios de año, Energía facilitó la puesta en marcha de una fórmula para transparentar los precios de los combustibles, que bajaron a principios del segundo trimestre. Pero esa cuenta considera el precio local del petróleo, que está por encima de los valores internacionales.

La vuelta hacia el precio internacional tiene amplio consenso en el Gobierno (sólo un desplome en el mundo evitaría esa situación). No sólo está de acuerdo el presidente Mauricio Macri, sino también algunos de sus principales asesores en materia económica y energética, como el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; Aranguren, y Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores de la Jefatura de Gabinete que supervisan esas cuestiones en nombre de Marcos Peña.

La discusión, en cambio, pasa por en qué momento se concretará la vuelta a las cotizaciones de mercado. El ala cercana a Peña apunta a enero, pero no se descarta postergarlo a abril si los precios internacionales del crudo muestran una excesiva volatilidad para la situación local. Su referente, Lopetegui, lo justificó días atrás ante uno de sus interlocutores: “A lo largo de los años la Argentina probó con muchos sistemas. Por una vez podría probar con el capitalismo, ¿no?”, dijo.

Más allá de la ironía, el grupo que debe tomar la decisión coincide en que el sector petrolero es uno de los que más están acostumbrados en el país a la competencia. De hecho, es uno de los pocos productos que no tienen aranceles de importación.

Además del petróleo, los precios de las naftas y el gasoil responden a otros factores, como los biocombustibles (la intención oficial es que en algún momento sus precios converjan con los de mercado) y la paridad entre el peso y el dólar. La marcha de la moneda es un elemento crucial. Dado que la compraventa de crudo está dolarizada, la devaluación del peso implica desde el punto de vista de las petroleras que necesitan más billetes para hacer frente a la misma compra de crudo.

El futuro alineamiento del precio local del crudo con los valores internacionales implicará mantener constante su valor en dólares. De manera que una devaluación pronunciada en el marco de una baja en la cotización del petróleo puede obligar a los automovilistas a pagar más, en pesos, para llenar el tanque."

Petroquimica

Noticia: La Audiencia Publica de las Represas del Sur

Nota del Editor

Entre el origen muy cuestionable de la licitación de las obras y la impericia del gobierno para manejar un proyecto que no considera propio, se ocultan serios problemas como el abastecimiento de las necesidades energéticas del país mediante una fuente cuyo aprovechamiento tiene aspectos virtuosos en varios niveles y que cuenta con una larga experiencia en el pais. Por otra parte, hay compromisos internacionales cuyo incumplimiento (en el marco de una percepcion generalizada en el mundo de que somos un país que tiene escaso respeto por las obligaciones adquiridas) tendría consecuencias economicas que no pasaran inadvertidas en nuestra compleja situación económica.

Este artículo periodístico expresa un punto de vista crítico de las represas, señalado errores graves y evitables del gobierno en la gestión de los contratos. Uno de ellos es haber encargado la elaboracion de la Evalucion Ambiental de los proyectos solicitada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un organismo gubernamental cuyo Presidente es al mismo tiempo Subsecretario de Energía Hidroeléctrica del Ministerio de Energía y Minería. Lo que abiertamente pone en cuestión la necesaria independencia que requiere un estudio de este tipo.

La noticia:

"24/07 – 11:00 – No solo el gobierno nacional no ha profundizado ni investigado y mucho menos denunciado la corrupción existente en el proyecto de las represas sobre el río Santa Cruz, sino que ha impulsado fenomenalmente su realización, tratando de dejar en el olvido, el tránsito hacia la “Yaciretá santacruceña”. Mucho apuro en aprobar todo, demasiado esfuerzo en liquidar el EIA y excesivo énfasis en explicar, argumentar y justificar la obra de parte del kirchnerismo y de “Cambiemos”. Esto nos lleva a ser aún más puntillosos a la hora de saber, ver y buscar qué se esconde detrás de este gran bastión de la corrupción política nacional.

Se llevó a cabo la Audiencia en el Congreso de la Nación, por las represas de Santa Cruz, un mecanismo que de alguna manera permite todas las voces en un tema complejo, dilatado en el tiempo, cruzado por la corrupción, el secretismo, la mala praxis y los negociados. Estas audiencias que se transmitieron vía telemáticas y por videoconferencias en otros puntos del país, como El Calafate, permitieron que todos los interesados en exponer sobre el tema, apliquen su punto de vista. De hecho hubo defensores y detractores. Pero más allá de esta larga y tediosa tarea de ordenar las opiniones, el tema de la construcción de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, dependen pura y exclusivamente de la Justicia y particularmente de la Corte Suprema de Justicia, donde han llegado dos Amparos por cuestiones ambientales, que todavía no han sido resueltos.

Es decir, por más Audiencias públicas que haya, voluntad que exista y opiniones del gobierno nacional y provincial del “inminente lanzamiento de la obra”, nada sucederá si la CSJ no habilita la misma y eso aún esta lejos de suceder porque el EIA presentado posee enormes falencias y además, el último que se presumía técnicamente mejor que sus anteriores, está denunciado por el senador Pino Solanas, por irregularidades en su confección.

Pero tampoco están finalizados los juicios de los superficiarios, la situación de las tierras de Lázaro Báez que se encuentran embargadas y falta terminar con los conflictos generados a los dueños de las estancias a quienes les han impedido el acceso al agua. Todo esto y mucho más, se puso en debate en la Audiencia realizada en el Congreso y debido a la compleja situación jurídico/ambiental que existe, las jornadas solo sirvieron de catarsis, de exposiciones que defendía un lado de la verdad, pero la grieta en cuanto a quienes opinan que debe o no hacerse, sigue tan abierta como antes e inclusive más, ante el descubrimiento de la falta de rigurosidad con que el actual gobierno nacional encaró la problemática.

En la apertura expusieron Juan José Aranguren, Ministro de Energía y el Ministro de Ambiente Sergio Bergman y ambos fueron claros al señalar que las hidroeléctricas “podrían comenzar antes de fin de año” siempre que la Corte Suprema de Justicia apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Unos 120 expositores dieron su punto de vista y las contradicciones y los problemas fueron el denominador común en las jornadas del encuentro.

Contra todos los argumentos técnicos esgrimidos de que las represas no modificarán para nada el ambiente y su construcción se hará sobre estándares internacionales probados y controlados, el gran énfasis puesto por los equipos técnicos del Ministerio de Energía de la Nación y los funcionarios de la provincia de Santa Cruz, para explicarle al país que la obra es sumamente necesaria aunque en términos objetivos no vaya a aportar más del 1.5% de la energía que se genera en la Argentina, tuvieron un enorme peso la exposición de los grupos ambientalistas, quienes revelaron aspectos desconocidos de la problemática ambiental que traerán los complejos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz y su innegable impacto en los glaciares, hecho que de concretarse sería irremediable.

En general podemos decir que como dato quedó la enorme duda de cuál es la vocación real del gobierno, de hacer las cosas bien y llevar a buen término un estudio serio y exacto del impacto negativo de la obra. Se advirtió que la decisión está prácticamente tomada, más aún después de la exposición del Rabino Bergmann, quien de medio ambiente no sabe mucho, pero como lobysta para los capitales chinos, demostró grandes cualidades.

También tuvo mucho peso la última denuncia presentada por Pino Solanas indicando que el Subsecretario de Energía atiende de los dos lados del mostrador, ya sea como consulto de la empresa EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales SA) o como funcionario, ya que emitió el dictamen y lo aprobó en el Ministerio de Energía. Obviamente Aranguren fue lo primero que negó, pero, como hace el kirchenrismo, en vez de hacerlo con el aporte de pruebas, solo se limitó a decir que nunca había ocurrido lo que denunciaba Solanas y que Jorge Mercolini, si bien había pertenecido a esa empresa, no tenía nada que ver con la confección del último EIA y “no atendía de los dos lados del mostrador, como se dijo”, ex presó el Ministro, como intento de defensa que, claro está, a nadie conformó, advirtiendo que el supuesto desacople de la represa con el lago, mecanismo que el EIA explica que el embalse no va a afectar a los glaciares, en el último estudio prevee embalsar una cota de agua de 179,30 mts más del definido como mínimo para el Lago Argentino. Mientras en el nuevo EIA se habla de 176,79 metros en la página 37 del capítulo 4, dieciséis páginas más adelante la cota se fija en 175 mts, es decir más abajo que el nivel del propio lago.

Este detalle que podría aparecer como “mínimo” o un error aleatorio en el copiado del documento, es tomado por el investigador como una inconsistencia grave en la conformación del EIA y por ese motivo, su consejo fue rehacer técnica y científicamente el Estudio de Impacto Ambiental, que contenga la rigurosidad necesaria para establecer valores reales de impacto y mitigación.

Todo esto ya retrasa y justifica una revisión integral del proyecto, pero lo que dejó en claro la Audiencia en el Congreso, es que no están dadas las condiciones ambientales para iniciar la obra y lo más cierto y concreto es que, por más voluntarismo que exista en ambos gobiernos (provincial y nacional) la decisión está en manos de la justicia, donde dos Amparos siguen trabando el inicio y ahora una denuncia por corrupción dentro del Ministro de Energía de la nación, sin desmerecer las acciones judiciales que llevan adelante los superficiarios estancieros a quienes les fueron expropiadas las tierras con absoluta irregularidad.

Lo más curioso y llamativamente peligroso fue ver a los krichneristas y al gobierno de “Cambiemos”, aplaudir a rabiar exposiciones como las del Ministro de la Producción de Santa Cruz Leonardo Álvarez o las palabras del Vicegobernador Pablo González. Ambos, que no puede organizar ni administrar su propia gestión, fueron a exponer sobre el futuro de las represas, las bondades de una obra a la que tuvieron postergada 10 años aún contando con todo el poder y los fondos, que se desviaron y robaron mientras generaban expectativas y ahora, forman un frente común con “Cambiemos” para potenciar la construcción de un proyecto K de dudosa utilidad práctica, como lo resumen los estudios energéticos previos, pero con un aporte de capital importante que ninguno de los dos gobiernos quieren desperdiciar.

Por este motivo y no por otro, decimos que la obra de las represas deben estar bajo la lupa y la coincidencia entre los kirchneristas y cambiemos, debe llamarnos a la reflexión y hacernos desconfiar lo que se traen entre manos. "

(Agencia OPI Santa Cruz)

Noticia: "Productoras buscan abrir el mercado del gas en la Argentina"

"Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint, y Dow confían en que el Gobierno modifique regulaciones actuales y rehabilite las exportaciones de gas a Chile, y facilite envíos a Brasil en el mediano plazo.

“La exportación a Chile es un tema que hay que abrir lo antes posible”, enfatizó Alberto Laverán, director de Dow Chemical, mientras Jorge Dimopulos, director de Desarrollo de Negocios de Tecpetrol afirmó que “tenemos un mercado regional en el Cono Sur que se debe interconectar con cierta libertad para que sea más eficiente y se promueva el mayor desarrollo”.

Al hablar durante la Shale Gas & Oil Summit, realizada en el NH Hotel de Capital Federal, los ejecutivos proyectaron asimismo la necesidad de instalar mega reservorios que sustenten un mercado de futuros del fluido, a medida que aumenta la oferta por la creciente producción de Vaca Muerta.

Dimopulos, directivo de la compañía hidrocarburífera del Grupo Techint, consideró que “no habilitar la exportación durante el período estival lo único que va a lograr es que el gas sea más caro para la Argentina y el desarrollo menor”. “Un tema para legislar o introducir en el mercado futuro del gas es la libertad de comercialización lo más rápido que se pueda con los países vecinos”, remarcó.

Dimopulos exhibió proyecciones hasta el invierno de 2019 y afirmó que “en ese período tenemos un excedente posible para el gas en el verano de 2018-19”. “Ese cálculo no es más que sumar anuncios propios y otros de la Cuenca Neuquina, de empresas que están lanzando pilotos de gas o de petróleo volátil asociado”, indicó el ejecutivo de Tecpetrol.

“La sumatoria esperada -puntualizó Dimopulos- es que se van a explotar 250 pozos en 2018 y sólo de petróleo van a ser 66, mientras YPF tiene una actividad que seguramente va a estar por encima de los 100 pozos en Vaca Muerta”.

El ejecutivo admitió que su expectativa de producción -que pasaría de 125 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) en enero pasado, a 155 millones en mayo de 2019- es “optimista”, pero se sustenta en las previsiones de productividad, asume la declinación de la oferta de gas convencional, sobre todo en la Cuenca Neuquina, y no afecta la oferta de Bolivia.
Laverán, por su parte, sostuvo que “el gobierno tiene que ir desandando ciertos caminos instalados en los últimos 10 años” y confió en que regulaciones como la resolución 1410/2010 del Enargas (que fija el procedimiento para la oferta y demanda del fluido) “van a ser desactivadas cuando el mercado sea capaz de absorber estas variaciones”. “Hay que empezar a entender que los próximos 10 años no se tratarán sobre la salida de la crisis; como industria quisiera dejar de pensar a seis meses y tener una conversación con mis pares sobre cómo exportar gas, urea o metanol a San Pablo”, expresó el directivo del grupo de empresas químicas, petroquímicas e insumos agrícolas más grande del país.

Laverán agregó que “no vamos a llegar a San Pablo hasta el día en que lo ofrezcamos; y hoy no lo piden porque no lo tenemos, pero físicamente es posible”.

El director de Dow Argentina promovió además la creación de un mercado de futuros para el gas, ya que hoy “se negocia cada contrato sobre el pucho y eso no permite la financiación estable de ningún tipo”. “Cuando se empiecen a generar reservorios, ese mercado va a poder empezar a hacer posiciones futuras, y trabajar para estabilizar precios a lo largo del año”, consideró Laverán.

Insistió luego en que “sin una suficiente demanda no se va a generar masa crítica para que los costos de producción bajen”, y en ese marco, “el almacenamiento es uno de los bloques de demanda que vamos a necesitar en el mediano plazo, ya que en la temporada de verano habrá excedentes de gas, lo que va a generar una tensión en el sistema”.

Laverán alentó finalmente “estructuras de estabilidad de precios que nos permitan calzar proyectos con los productores”, a través de contratos futuros, y pronosticó que Bahía Blanca y Neuquén, entre otros, “serán lugares clave donde se va a concentrar la oferta”.

Petroquimica

Noticia: "Pan American Energy llegará a invertir u$s 1200 millones en la Argentina en 2017"

"Según informó el segundo productor de gas y petróleo en el país, unos u$s 400 millones corresponden al desarrollo de las áreas concesionadas de recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta.

Pan American Energy (PAE) anunció que invertirá unos u$s 1200 millones en la Argentina durante el 2017 para la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

Del total de la inversión, unos u$s 400 millones corresponden al desarrollo de las áreas concesionadas de recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, dijo el director de operaciones de PAE, Danny Massacese, en diálogo con Revista Petroquímica en el evento Argentina Shale Gas & Oil Summit.

PAE es el segundo productor de gas y petróleo en el país, con una participación del 18% del mercado. “El crecimiento de la cuota de mercado, en el cual PAE tenía en 2011 el 10% de participación, lo logramos en base a tecnología e inversiones que en los últimos años alcanzaron en promedio los u$s 850 millones anuales, pero que en este 2017 estarán por encima de los u$s 1200 millones”, señaló Massacese.

Pan American tiene operaciones en cuatro cuencas productoras de hidrocarburos en el país, entre ellas Cerro Dragón, en el Golfo San Jorge, que es el área de mayor producción petrolera de la Argentina. En tanto, en Neuquén, tiene operaciones no convencionales en Lindero Atravesado, donde comenzó con la exploración de petróleo no convencional en el 2011."

Petroquimica

Noticia: "Emiratos Árabes ratificó su compromiso con la reducción de producción de crudo"

"El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail bin Mohammed al-Mazroui, ratificó que el país está “comprometido” con el recorte de producción de petróleo impulsado por la OPEP y manifestó la expectativa del gobierno emiratí en que el acuerdo se cumpla en el tercer trimestre del año y tenga un impacto.
“Comenzó el tercer trimestre y la demanda repunta, espero que el acuerdo tenga un impacto significativo en el tercer y cuarto trimestre”, aseguró el funcionario en diálogo con la prensa.
El ministro enfatizó que “se espera que en el tercer trimestre que comienza se cumpla el compromiso de reducción de los suministros acordado en la OPEP” y agregó que “se observa una demanda saludable y una reducción en la cuenta de plataformas de perforación en Estados Unidos”.

El inversor energético

Noticia: "YPF/Chevrón, análisis del acuerdo del que ya nadie habla (Parte I)" OPI . Febrero 2017

"En una serie de informes vamos a desglosar un importante informe que fue presentado ante la justicia por el Dr Ricardo Monner Sans, en el cual se hace un exhaustivo análisis de los ilícitos cometidos en el acuerdo YPF/Chevrón. Llamativamente, luego del escándalo inicial de aquella firma propulsada por el kirchnerismo, a nivel nacional es un tema que se “aplacó” (informativamente) con la llegada del macrismo. ¿Verdad o consecuencia?. En OPI cumpliremos con la saga, tal como lo venimos haciendo desde el primer día en que arreciaron las sospechas, el secretismo y el enmudecimiento de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso.

En la constitución del Acuerdo YPF/Chevrón se han cometido graves delitos que fueron apuntados en sucesivas denuncias presentadas por el Dr Ricardo Monner Sans, con la asistencia del ex diputado Rubén Giustinani ante el Juez Sergio Torres, de acuerdo a la documentación a la cual OPI pudo acceder y que, debido a su extensión, vamos a analizar y pormenorizar en sucesivos informes al respecto, el cual terminaremos con la publicación del Acuerdo de forma completa, para que toda la opinión pública tenga conocimiento de la forma en que el kirchnerismo manejó los recursos del Estado y de qué manera el actual gobierno nacional, aceptó en silencio ser cómplice activo de este ominoso acuerdo de partes.

Este acuerdo recibió las peores calificaciones de parte de la prensa nacional e internacional en su momento, sin embargo, al menos en nuestro país, parece que ya nadie recuerda la inconveniencia de resaltar los aspectos anti-argentinos con que fue elaborado el mismo, más aún cuando lo generó un gobierno que se decía “nacional y popular”, pero, en realidad, entregaba con manos y pies atados al Estado nacional a una empresa extranjera, condición que “Cambiemos” no ha cambiado, ni investigado, ni denunciado. Es por ese motivo, que el Dr Monner Sans le ha solicitado al Dr Torres que dé intervención a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires para que proponga al Tribunal tres economistas expertos en temas “offshore” con el objeto de revisar y ratificar lo que está aportado como prueba en la justicia y ha sido elaborado por un equipo técnico del propio Giustiniani.

Cuando alguien hablaba

El 24 de octubre de 2013 el diario estadounidense “The New York Times” hizo público lo que no se podía decir del acuerdo. Caben destacar dos párrafos del artículo “Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron – YPF protegerá a la empresa estadounidense de una pérdida pecuniaria ligada a un cambio de los vientos políticos”, publicó el NYT y agregó: “Si la compañía invierte U$S 1.200 millones puede retirarse 18 meses más tarde de las operaciones, sin penalización alguna, y continuará recibiendo los beneficios netos del 50 % de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”

“El marco de la negociación se ha manejado íntegramente en Buenos Aires y a la provincia neuquina sólo le queda acatar lo que decida YPF, que es la que hoy tiene potestad sobre Vaca Muerta, expresó a Infobae un funcionario de esta cartera ‘en off’.

Marcelo Bonelli del 11 de marzo de 2016 bajo el título “Galuccio deja YPF con deudas e irregularidades” incluye un subtítulo esclarecedor: “Galuccio abrió sociedades en paraísos fiscales. Se conoció su sueldo”.

Allí el periodista explica el armado lesivo para el interés nacional –diciendo de Galuccio que llevó adelante “acciones cuanto menos irregulares en la administración pública”. Y es importante resaltar un párrafo lapidario“El armado financiero era un secreto que Galuccio solo compartió con la ex presidenta Cristina KIrchner y con Carlos Zannini. También, con los funcionarios de YPF que se prestaron a la maniobra”.

Agrega luego “Galuccio sostiene en privado que utilizó cuentas off-shore y a nombre de funcionarios de YPF para eludir eventuales embargos de los fondos buitres y de la Justicia de Ecuador, que le impuso una sanción multimillonaria a Chevron por daño ambiental”. De ese trabajo surge que Galuccio cobraba cada año cuatro millones y medio de dólares como “Ceo” de YPF.

Otro artículo de Marcelo Bonelli del 15 de marzo de 2016, bajo el título “YPF confirmó el uso de firmas offshore para firmar con Chevron”, al referirse a las cuentas “offshore” creadas por YPF, cabe rescatar un párrafo sin desperdicio de aquella nota: “Las cuentas habrían sido creadas por el mismo estudio jurídico que opera como agente de Chevron en el paraíso fiscal de Delaware”.

En una tercera nota del colega Marcelo Bonelli del 15 de julio de 2016 se afirma: “El anterior gobierno firmó cláusulas lesivas con la soberanía y el convenio incluye un dato insostenible: las inversiones de Chevron entraron a la Argentina a través de cuentas offshore, cuyos propietarios son varios directores de YPF”.

Al referirse a uno de los directores de YPF –Daniel González- señala que “fue el director financiero que originó esa irregular forma de canalizar la inversión de Chevrón a través de cuentas offshore”.

Resumen ejecutivo

En esta primera entrega vamos a apuntar los detalles en un resumen ejecutivo sintético y acotado, de los aspectos técnicos del Acuerdo y sus lineamientos ciertamente desconocidos por la opinión pública en general y lo cual es parte de la documentación en manos de la justicia, que está siendo analizada por los graves delitos que implica el acuerdo petrolero que está vigente.

El 16 de julio de 2013, a exactamente 15 meses de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, se firmó un Acuerdo entre ésta y Chevron, con el anunciado fin de desarrollar el potencial existente en las reservas de petróleo y gas no convencionales en Vaca Muerta, lo cual sería un paso en más (iniciado con la expropiación) en la recuperación de la Soberanía Hidrocaburífera para Argentina.

El Acuerdo firmado entre subsidiarias de ambas, adquiere el carácter de un complejo préstamo por parte por un monto total de USD 1.240 millones para ser invertidos en el desarrollo del yacimiento de recursos no convencionales de Vaca Muerta, específicamente en el área denominada Loma Campana, cuya concesión pertenece en un 100% a YPF.

Algunas de las principales características que presenta son:

• La primera gran característica que sobresale del acuerdo, es la existencia de un entramado de empresas creadas exclusivamente y que se encuentran radicadas en lugares que cuentan con mayores discreciones en las operaciones financieras y/o presentan menores cargas impositivas.

• Otro de los puntos salientes, en especial teniendo en cuenta que YPF es una empresa controlada por el Estado Nacional y cuyos acuerdos contemplan la participación de funcionarios públicos en las negociaciones previas (siendo en muchos casos celebradas por los mismos y publicitando las mismas como parte de la gestión gubernamental), es la inclusión de la confidencialidad como un compromiso que asumen las partes.

• El Acuerdo incluye una cláusula en la que YPF se compromete a realizar todas las acciones que posibiliten el menor pago de impuestos, por parte de las empresas participantes.

• Estará regido por leyes de Nueva York, y será Paris la sede de tribunales ante posibles disputas que puedan surgir en torno al mismo.

• YPF, en tanto empresa controlada por el Estado Nacional Argentino, renuncia al propio “derecho de inmunidad” con el que cuentan los Estados para no ser sometidos a juicios por otros estados extranjeros .

• Chevron, en carácter de prestamista, tendrá el control total de las actividades que se desarrollen en torno al proyecto; y obtendrá un 50% delas utilidades netas del mismo.

• Los pagos por las ventas que se produzcan deberán ser en dólares (o en títulos de deuda en caso de no poder acceder a las divisas), en una cuenta en Nueva York.

• Pese a controlar las operaciones y obtener el 50% de las utilidades, la responsabilidad legal ante cualquier acontecimiento recae exclusivamente en YPF.

• El Acuerdo, que otorga el control total de las operaciones, nada incluye respecto al privilegio de proveedores locales de servicios, o alguna cláusula de “compre nacional”.

• Tampoco se incluyen cláusulas que signifiquen algún esquema de transferencia de tecnología sobre la explotación de recursos no convencionales.

Cuestionamientos al Acuerdo

Ante estas características mencionadas, se concluye que el acuerdo presenta varios cuestionamientos en torno a cinco ejes:

Soberanía

La propia Ley que formalizó la expropiación por parte del Estado Nacional del 51% de las acciones de YPF S.A., fue denomina “Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina”. Sin embargo, que el acuerdo se rija en base a las leyes del país de radicación de Chevron y no del que pertenecen los recursos naturales, la utilización de Tribunales internacionales y la renuncia al derecho de inmunidad, son aspectos en los que la el concepto de Soberanía pareciera haber quedado de lado.

Transparencia

La transparencia, el carácter público de sus actos, en definitiva la utilización de prácticas de comportamiento que sean acordes al interés general y que muestren el camino correcto al resto de las empresas, debiera ser una de las características salientes de YPF; sin embargo, la utilización de empresas creadas especialmente para este Acuerdo en lugares en los que existen discrecionalidad en las transacciones financieras y/o menores cargas impositivas, el carácter confidencial expresamente estipulado en el acuerdo, y el compromiso que se asume a eludir en la mayor medida el pago de impuestos, expresan comportamientos que se alejan de lo que debería ser el accionar de YPF, en tanto empresa controlada por el Estado.

Concesiones otorgadas

Las necesidades de contar con recursos para el financiamiento de un proyecto de la magnitud que significa el desarrollo de Vaca Muerta no merece discusión. Sin embargo, las condiciones en las que se produce tal financiamiento sí son un punto a analizar, más cuando se trata de YPF y de la explotación de Recursos Naturales estratégicos. En este punto, otorgar sin condicionamiento el control total de las operaciones, pero careciendo de responsabilidad legal por las acciones, puede tener consecuencias ambientales importantes. Al mismo tiempo, el aseguro sobre la disponibilidad de divisas, y la obligación de pago de los hidrocarburos en una cuenta en Nueva York son otros puntos que tienen un impacto muy fuerte en la economía argentina.

Desarrollo

La promoción del desarrollo local sobre el entramado de proveedores de bienes y servicios, que existen alrededor de la explotación de hidrocarburos traería tantos beneficios como el solo incremento de la producción de petróleo y gas. Compatibilizar tales objetivos es uno de los desafíos más importantes, y para el mismo desde el momento de la recuperación del control del Estado YPF se presentó como la herramienta ideal para alcanzarlo. Sin embargo, el acuerdo carece tanto de la existencia de mecanismos que aseguren la transferencia de tecnología de explotación de hidrocarburos no convencionales, como de cláusulas que signifiquen la ponderación de proveedores locales para dar servicios necesarios, o cualquier cláusula que privilegie el “compre nacional” de los bienes de capital.

Autoabastecimiento

La mencionada combinación entre control total de operaciones a Chevron y falta de condicionamientos y obligaciones de sostener las actividades e inversiones ante cambios en las condiciones económicas y teniendo en cuenta que el Acuerdo fue celebrado previendo un precios del petróleo y gas por encima de los valores actuales, hacen abrir el debate acerca de si los niveles de producción esperados alcanzarán aquellos valores previstos. 

(Agencia OPI Santa Cruz)

Noticia: "Abren una investigación sobre el contrato YPF-Chevron" Telam noviembre 2016

"Di Lello afirmó que debe investigarse el "aparente sinuoso e inusual vinculo" originado entre las empresas estatal YPF y privada Chevron a partir de la firma del acuerdo por la explotación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, al impulsar una investigación penal para determinar si hubo ilícitos y quienes fueron sus responsables.

"Esta investigación ahondará en el aparente sinuoso e inusual vínculo que se originó a partir de la firma del acuerdo de proyecto de inversión que públicamente se denominara YPF-Chevron, y de los contratos que se suscribieran al respecto entre una empresa cuya mayoría accionaria es del Estado Nacional y un privado, de cuyas características se deberá determinar si se realizaron conductas ilícitas", sostuvo el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

La causa está a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal le pidió nueve medidas de prueba, aunque aclaró que "por el momento no es posible establecer imputado alguno" aunque en el futuro podrían quedar invlucrados "todos aquellos que hayan intervenido en algún tramo del acuerdo o de los contratos firmados por YPF SA y Chevron", sostuvo en su escrito.

Di Lello incorporó a la causa una copia simple del Acuerdo de Proyecto de inversión firmado el 16 de julio de 2013 entre YPF y Chevron Overseas Finance Limited, aportado por el diputado provincial de Santa Fe, Rubén Gustiniani, quien lo obtuvo luego de una larga batalla judicial.

 La denuncia había sido presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien sostuvo que en el kirchnerismo “se gestó un convenio entre YPF SA y Chevron para la explotación de petróleo en Vaca Muerta" y que por un decreto presidencial se dió a Chevron "libre acceso a dólares estadounidenses".

Ello, sostuvo la denuncia, implicó una extranjerización resuelta por funcionarios estatales, "pactando una forma de evasión del control en la ejecución del acuerdo" con una "triangulación en países extranjeros bajo la manera de empresas “off shore” que permitirían evadir impuestos y “preservar” a Chevron de reclamos indemnizatorios".

Di Lello solicitó a Torres que requiera a la Auditoría General de la Nación un informe sobre si ese organismo realizó "alguna auditoría" sobre los acuerdos firmados.

También solicitó al juez que pida a la Comisión Nacional de Valores los antecedentes que tenga sobre el acuerdo y los contratos que enmarcaron la operación por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta.

"Solicítese a YPF SA, que acompañe todos los contratos que materializaron la operación entre dicha firma y Chevron por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y el memorando de entendimiento suscripto por ambas en setiembre del año 2012 (MOU)", agregó el fiscal entre las medidas de prueba

Y también solicitó a Torres que cite como testigo al apoderado de YPF SA "a fin de que explique los fundamentos materiales y formales del tracto contractual que se investiga".

Sobre "Chevron Argentina SRL", pidió enviarle un oficio para que "acompañe los antecedentes de la empresa Chevron Overseas Finance Limited."

Y consideró que la Inspección General de Justicia debe remitir al juzgado "los antecedentes de la empresa Chevron Argentina SRL y Compañía de Hidrocarburo no Convencional SRL argentina".

El acuerdo, en la Justicia

 El acuerdo YPF-Chevron fue entregado a la Justicia argentina por la empresa petrolera estatal el pasado 22 de septiembre, en respuesta a un reclamo del ex senador nacional Rubén Giustiniani para que el documento se hiciera público, algo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se negó a cumplir.

Giustiniani quería que las supuestas cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron en torno al yacimiento de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta se hicieran públicas para determinar si había algún privilegio especial para la compañía estadounidense y si se había vulnerado alguna norma legal.

La petrolera YPF entregó a la Justicia “copia íntegra del Acuerdo de Inversión de Proyecto” que se había firmado en julio de 2013 con la empresa estadounidense Chevron, uno de los 26 documentos acordados para llevar adelante de manera conjunta la explotación en el yacimiento de Vaca Muerta, según comunicó la compañía al mercado en septiembre.

Luego de lograr judicialmente el acceso a los documentos del acuerdo, Giustiniani, actualmente diputado provincial en Santa Fe, difundió públicamente, el pasado 10 de octubre, el contrato de concesión entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta.

En esa ocasión, Giustiniani explicó que la operación se dio a través de una serie de compañías offshore, radicadas en paraísos fiscales, en las que no hubo una inversión directa sino un préstamo.

Y es en base a este documento hecho público merced al reclamo de Giustiniani que el abogado Monner Sans pidió a la Justicia investigar si hubo delito, algo que el fiscal federal Di Lello recibió y puso en manos del juez Torres, al pedir hoy las medidas de prueba necesarias."

Noticia: "Después de tres años, YPF entregará a la Justicia el contrato firmado con Chevron" Infobae. Septiembre 2016

"Finalmente, y luego de varias apelaciones en la justicia, YPF entregará toda la documentación vinculada al acuerdo firmado con la estadounidense Chevronpara la explotación del yacimiento "Vaca Muerta". Será el próximo jueves, a instancias del reclamo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que la petrolera cumpla una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

A mediados de julio, los jueces Carlos Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, de la Sala I de la Cámara habían rechazado el planteo de YPF de evitar hacer públicas las cláusulas del acuerdo firmado por entender que la difusión podía "comprometer secretos industriales, técnicos y científicos".

La polémica gira en torno al acuerdo sobre el proyecto de inversión firmado hace casi tres años, el 16 de julio de 2013, entre YPF y sus subsidiarias y la firma Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en "Vaca Muerta", en la provincia de Neuquén.

El entonces senador socialista Rubén Giustiniani pidió informes a la justicia sobre ese acuerdo y en noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a su requerimiento para que YPF mostrara los detalles y las cláusulas secretas del convenio, basándose en el derecho a la información pública.

La petrolera conducida entonces por Miguel Galuccio (hoy el CEO es Ricardo Darré) entregó una copia del contrato al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 pero solicitó la reserva sobre algunos puntos.

En marzo pasado, la jueza Cristina Carrión de Lorenzo ordenó ejecutar el fallo de la Corte sin restricciones en la información y fijó una multa diaria si no se cumplía con la sentencia a partir de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de las partes.

Pero hubo nuevos planteos de YPF, insistiendo en la necesidad de mantener bajo reserva los detalles del acuerdo.

En el fallo de mediados de julio, los jueces de la Cámara argumentaron que "una recta inteligencia del pronunciamiento de la Corte Suprema no puede llevar sino a la conclusión de que al hacer lugar a la demanda acogió, indudablemente, la pretensión del demandante. Y esa pretensión consistió en el reconocimiento de su derecho a que YPF SA le entregue una copia íntegra del contrato involucrado".

La confidencialidad del acuerdo entre YPF y Chevron fue defendida tanto por la ex presidente Cristina Kirchner como por Mauricio Macri.

Es más, y a diferencia de lo que opinaba cuando era diputada nacional por la oposición, en marzo de este año la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que "el daño que le puede generar a YPF conocer la totalidad del contrato sin respetar la confidencialidad que afectaría el interés de la compañía, que es de interés público, porque el 51 por ciento de las acciones son de los argentinos, sería irreparable".

"Hay secretos de tipo comercial, de tipo científico y tecnológico que deben ser resguardados para favorecer algún tipo de industria. Es como pedirle a Coca Cola que haga pública su fórmula", argumentó la funcionaria en aquel momento."

Infobae

Noticia: "La cláusula secreta del acuerdo YPF-Chevron". Infobae octubre 2013

"Desde el inicio de las tratativas hasta su aprobación final, a fines de agosto, el acuerdo entre YPF y la estadounidense Chevron para avanzar con la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta ha dado pie a un sinnúmero de controversias y especulaciones. Sucede que desde que se conociera el interés de la firma extranjera por participar en el negocio, el Gobierno ha tratado de mantener en secreto algunos puntos del convenio.

Siguiendo la política de comunicación de la empresa estatal YPF, Dorotea Capurro fue consultada en varias oportunidades por periodistas de Infobae pero ninguno de los llamados tuvo una respuesta positiva.

El hermetismo con el que se manejó el pacto ha sido tal que incluso el mismo gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, llegó a reconocer que nunca tuvo acceso a las cláusulas confidenciales que negociaron ambas petroleras. "Si están tan preocupados por las cláusulas confidenciales, hay que preguntarle a YPF", disparó el mandatario a principios de septiembre para luego confirmar que, sólo les fueron revelados aquellos puntos que eran de público conocimiento.

Con el correr de las semanas, salieron a la luz dos aspectos controvertidos del pacto y un tercero que, aunque fuera negado por Miguel Galuccio, CEO de YPF, en Neuquén también dan por incluido en lo firmado.

Los dos primeros ítems clave eran:

• La ley aplicable del convenio, en caso de incumplimiento o disputas, no es la de Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York.

• En caso de existir un desacuerdo o un conflicto entre Chevron y la petrolera nacional, la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.

El tercer ítem, que niega Galuccio pero que se confirmó por fuentes cercanas a Sapag y representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas, es el siguiente: YPF depositará en sucesivas semanas 100 millones de dólares en un banco de los Estados Unidos en concepto de escrow (depósito o garantía) para que Chevron pueda, eventualmente, cobrar de esa cuenta las futuras utilidades del negocio.

Lo que no se contó

Como si estos tres puntos no fueran suficientes, ahora se conoció, a través de la prensa estadounidense, una cláusula que levantará más polémica aún. Agrega que la salida de la compañía no sólo podrá concretarse sin penalización alguna sino que, además, Chevron continuará recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de emprender su retirada.

"Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense de una pérdida pecuniaria ligada a un cambio de los vientos políticos", publicó el The New York Times, según reprodujo el portal iProfesional.com.

Y agregó: "Si la compañía invierte 1.200 millones de dólares, puede retirarse 18 meses más tarde de las operaciones, sin penalización alguna, y continuará recibiendo los beneficios netos del 50 por ciento de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad".

Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas su titular, Enrique Viale, sostuvo que los detalles de esta cláusula parten de informantes del mismo editor de The New York Times.  "Esto se agrega a lo conocido sobre la jurisdicción de la ley extranjera y el fondo que YPF debería depositar en un banco en el exterior como garantía para Chevron", aseguró.

"Los detalles del acuerdo son desconocidos incluso hasta para los propios legisladores neuquinos que lo votaron. Nadie pudo ver el convenio. Que no lo muestren es una prueba de que algunos puntos firmados pueden ser insostenibles y entrar en abierta contradicción con el discurso oficial", expuso.

Firmar sin ver

Mientras algunos detalles van saliendo a la luz, en la provincia de Neuquén se está concretando el despliegue de Chevron de la mano de la estatal YPF. Esto, mientras persiste el desconocimiento de los aspectos más sensibles del pacto firmado.

En ese sentido, fuentes cercanas al Ministerio de Energía provincial reconocieron no estar al tanto de lo publicado por The New York Times y, mucho menos, de las ventajas y garantías de las que podrá valerse la firma norteamericana, en caso de ocurrir cambios en el plano político.

"El marco de la negociación se ha manejado íntegramente en Buenos Aires y a la provincia neuquina sólo le queda acatar lo que decida YPF, que es la que hoy tiene potestad sobre Vaca Muerta", expresó a este medio un funcionario de esa cartera, en estricto off the record.

"Que Chevron se pueda retirar es algo que el presidente de YPF reconoció en más de una oportunidad. Es decir, no es una sorpresa. Pero el hecho de que la estadounidense sólo aportará tecnología para que la estatal haga la explotación torna grave que se le permita ganar regalías por los pozos que incluso podría dejar", añadió.

"Probablemente –agregó esta información que ahora llega desde Estados Unidos obligue a hacer algún tipo de aclaración en la Argentina. Tengo dudas de que eso suceda, porque está a la vista que YPF quiere poner en marcha el proyecto como sea, sin detenerse a dar explicaciones".

Marco desfavorable

Consultado respecto de la aparición de este dato revelador que pone en perspectiva el tipo de acuerdo suscripto, el ex secretario de Energía de la Nación, Alieto Guadagni, sostuvo: "La decisión de no dar detalles estuvo desde el inicio. YPF opera como una empresa privada y su órbita, aunque se pueda discutir más de una vez, es la Bolsa de Nueva York. No me sorprende, así se han dado las cosas en el último tiempo".

En tanto, desde la consultora especializada Abeceb, el economista Horacio Lazarte señaló que lo que ahora se conoce habla "de las condiciones diferenciales que tuvo que permitir YPF para poder cerrar el acuerdo".

"Todo esto contradice el discurso oficial de muchos funcionarios sobre promover la soberanía en hidrocarburos. Que se le permitan todas estas cosas a Chevron deja en evidencia lo grave de la falta de financiamiento y la ausencia de acceso al mercado de crédito internacional", aseguró.

"Chevron goza de oportunidades que el resto de los actores del sector no posee. Puede exportar sin tributar retenciones. Y además tiene libertad para acceder a divisas. Los puntos desconocidos se amparan en que lo firmado es de carácter privado, aunque eso pueda chocar de frente con la ley de soberanía hidrocarburífera", dijo.

Y añadió: "Otro aspecto curioso es que se terminó pactando con la firma norteamericana, pese a que ha venido declinando su producción local. De las cinco primeras petroleras que operan en el país es la que más disminuyó su potencial. Sin embargo, se ganó el favor del Gobierno y de YPF".

Galuccio puso la cara

En medio de las fuertes protestas registradas en Neuquén a finales de agosto –y de los embates judiciales para que exhiba la letra chica de lo pactado– Galuccio salió en varias oportunidades a defender el convenio suscripto, señalando la importancia estratégica de sumar a la firma norteamericana.

En una de las últimas ocasiones sostuvo que no puede dar a conocer el convenio en su totalidad porque existen "condiciones de confidencialidad y privacidad destinadas a proteger las inversiones de dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York".

En el último mes y medio, el titular de YPF buscó destacar en todo momento las "bondades" del polémico acuerdo, el mismo que obligó al Gobierno a crear por decreto un nuevo "marco regulatorio de inversiones", a medida de las dos petroleras.

Justificó la firma del convenio en "la necesidad de buscar soluciones para enfrentar el serio problema que representan las crecientes importaciones de combustibles".  "En Argentina tenemos un déficit energético que es serio", precisó Galuccio.

Tras recordar que las compras externas treparon en 2012 a u$s9.300 millones, destacó que "los recursos no convencionales representan una oportunidad histórica para dejar de ser importador de energía".  Remarcó que el convenio suscripto refiere a un proyecto para perforar 100 pozos de shale oil, con una inversión inicial de u$s1.240 millones.

En la última semana de agosto, la jueza federal Liliana Heilandle ordenó a YPF que le entregue una copia del contrato. Fue en el marco del juicio iniciado por un grupo minoritario de accionistas de Repsol –la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas–, que reclaman una indemnización por la expropiación de la petrolera.

Los abogados de YPF dijeron que la información requerida es "privada". Y sostuvieron que incluye "secretos industriales y comerciales", por lo cual se negaron a entregar dicho convenio.

Respecto de los puntos que sí fueron hechos públicos, se destaca el hecho de que el pacto fija que en los próximos 12 meses Chevron comprometerá un desembolso de u$s1.240 millones. 

Una vez que se alcance el nivel de perforación inicial, podrá decidir si se retira o si sigue adelante con el desarrollo de otros 1.500 pozos, que implicarán una inversión conjunta de 15.000 millones de dólares."

 Infobae