La Argentina no tiene una política coherente en materia de hidrocarburos. Los últimos acontecimientos ponen en evidencia una situación que fue negada hasta ahora sistemáticamente. La reducción en la producción de hidrocarburos (en especial petróleo) era un hecho evidente registrado por las cifras proporcionadas por las propias empresas. En cuanto al nivel de reservas, poco se puede decir porque los datos están basados en las declaraciones juradas de las empresas que el Estado no está en condiciones de verificar. La primera medida que adoptó el gobierno, antes de la actual gestión, fue instrumentar programas de nuevas inversiones (Petroleo Plus y Gas Plus) diferenciando el precio de los hidrocarburos "viejos" de los "nuevos". Pero lo efectos de estas medidas recién se podrán percibir dentro de 4 o 5 años en el mejor de los casos y, probablemente, no en las magnitudes necesarias para no tener que recurrir a las importaciones (especialmente de gas). Finalmente se tomó conciencia que el nivel de estas importaciones tenían ya un peso que las cuentas fiscales no pueden soportar. Ahora se busca presionar por todos los medios para que las empresas produzcan más. Pero este no es un problema de voluntarismo.
A esta situación se suma un problema adicional: la incertidumbre sobre la situación global que puede aumentar el precio del petroleo por encima de los valores actuales, que ya se encuentra en torno de los u$s 125 el barril. De producirse éste fenómeno los incentivos de las empresas para incrementar su producción local tendrán menor intensidad. Será más atractivo invertir en mercados con mayor liberalidad.
Algunos piensan en la alternativa de constituir un empresa petrolera estatal. Pero esto llevará años y no existe garantía que dicha empresa cumpla la misión que le pretenden asignar. Basta con ver el ejemplo de ENARSA S.A.
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