Los informes ambientales definitivos realizados por EBISA serán entregados la próxima semana tanto a Nación como a Provincia, y a mediados de julio se haría la Audiencia Pública en el Congreso. Para el ministro de Energía en septiembre se debería reanudar la construcción de las dos centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
El ministro de Energía y Minería, estimó ayer que “en septiembre próximo” se estaría reanudando la construcción de las dos centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (denominadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) a cargo del consorcio chino-argentino Gezhouba Group Company-Electroingeniería-Hidrocuyo, que contará con financiamiento de China.
El proceso de construcción fue suspendido en diciembre de 2015 por el Gobierno Nacional para una revisión técnica y económica del Proyecto Ejecutivo original, lo cual derivó en una Addenda al contrato, y luego se produjo una medida cautelar adoptada por la Corte Suprema de Justicia, a partir del accionar de varias organizaciones ambientales, ordenando que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, bajo la ley nacional, el que realizó la estatal EBISA.
Igualmente, mientras esto ocurre, en los obradores se mantiene un movimiento mínimo en tareas secundarias permitidas por la Corte.
Aranguren señaló que el estudio de EBISA “confirmó su viabilidad” (del proyecto) y detalló que la Addenda determina que “la obra pasa a ser del Estado Nacional (antes era de la provincia), que producirá energía de base y no de pico (de la demanda), y estableció una reducción de la cota de la represa, sin afectar significativamente la producción de energía”.
El funcionario refirió que “la semana próxima EBISA cursará el informe respectivo a las autoridades energéticas y ambientales a nivel nacional y provincial”. Se espera que estos entreguen sus dictámenes a fin de junio, a partir de lo cual se solicitará al Congreso que convoque a audiencia pública para mediados de julio.
El Congreso tiene la obligación de emitir un reporte no vinculante de la audiencia pública dentro de los 30 días de realizada la misma, y cuando eso ocurra se pedirá que se levante la cautelar a la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, que impide el avance de las obras de las represas, tras su paso por la Corte Suprema de la Nación.
El proyecto revisado implica un costo global estimado de 4.000 millones de dólares, de los cuales 75 por ciento será con financiamiento chino (el resto corresponde al Estado Nacional).
Respecto del esquema de financiamiento de estas y otras obras de infraestructura energética (usinas nucleares) y de transporte (ferroviario), Aranguren reveló que “en los próximos días se emitirá un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que establece las condiciones para este tipo de crédito concesional, que tendrá una tasa de interés por debajo de la tasa de mercado”.
“Se trata de obras de gran magnitud, para las cuales no son muchos los inversores privados interesados en invertir” explicó, admitiendo que el esquema viene a saldar cuestiones planteadas en los contratos activados con China durante el gobierno anterior.
Cabe recordar que este tipo de créditos no aplica a la totalidad del financiamiento de las represas en Santa Cruz, toda vez que el financiamiento de esta obra está garantizado en el contrato de adjudicación y obra, como parte del pliego licitatorio y era una condición que la UTE de empresas ganadora debía cumplir y, de hecho, desde China ya se produjeron desembolsos por casi 700 millones de dólares desde que se inició el proceso a cuenta del financiamiento global.
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