Una relato espeluznante y verídico

Una empresa compró, durante el gobierno anterior, una parte de YPF con dividendos futuros. Algo imposible en un pais normal. Con motivo de la estatización de la petrolera por el susodicho gobierno, esa empresa inició un juicio al Estado Argentino en un tribunal internacional (CIADI). Posteriormente, esa misma empresa le vendió la demanda a un fondo buitre, incluyendo el cobro de una parte del eventual resultado favorable del juicio. Aldo Ducler, un conocido actor intermediario de negocios oscuros, según las noticias, estaba dispuesto a declarar sobre el asunto a cambio de protección legal y de una parte de los fondos en juego. Una conocida política integrante de Cambiemos reclama de viva voz que el gobierno y la justicia actúen en los casos de corrupción conocidos. Denunció protección a Julio De Vido. El gobierno reacciona (o al menos parece) pero sus acciones son en apariencia dubitativas, contradictorias y confusas. El presidente defiende reiteradamente a Gustavo Arribas (jefe de la AFI), supuestamente involucrado en el caso internacional Odebrecht. Las tratativas del gobierno y de la justicia con esta empresa son opacas al público. Sin una dirección clara. Los empresarios argentinos (especialmente de la construcción), involucrados en la obra pública, algunos ligados al gobierno, miran para otro lado y guardan silencio. La Oficina Anticorrupcion, a cargo de una persona claramente no independiente, tiene una sintonía llamativa con el gobierno. Echan al Procurador del Tesoro Carlos Balbín, precisamente por comportarse en forma independiente y ponen a un allegado. El caso Correo...

Todo esto recuerda a un lamentable y quizás olvidado episodio de nuestra historia. En los años 30 del siglo pasado estallaron graves casos de corrupción pública que involucraban a empresarios y directivos, nacionales y extranjeros, a políticos y a dirigentes notables del partido político hasta ese momento mayoritario. Alguien llamó a ese período "La Década Infame". La evidencia más clara y pormenorizada de corrupción en el caso específico del negocio del servicio eléctrico en manos de las empresas de capital extranjero CHADE e ITALO, fue el llamado "Informe de Rodriguez Conde", encargado por el gobierno de facto al coronel del ejercito homónimo, que describe con sumo detalle y documentación lo ocurrido. Las recomendaciones del Informe de anular las concesiones del servicio eléctrico, otorgadas espuriamente por el legislativo de la Capital Federal a ambas empresas, fueron cajoneadas posteriormente por el gobierno elegido en el 45. No hubo caducidad de contratos. No hubo culpables ni, obviamente, condenados. 
La historia despues del 55 no fue menos venal.