Una lección más de lo que no se debe hacer en materia de política energética

Desde hace varios años se conoce la progresiva disminución de la producción de hidrocarburos. También era evidente que éste fenómeno impactaría negativamente en la posibilidad de abastecer la creciente demanda interna de energía con productos locales. Ningún especialista dejó de advertir que la brecha creciente entre los precios internos y externos de los combustibles (líquidos y gaseosos) y de la electricidad era un incentivo adicional para elevar la demanda energética. Más aún en el caso argentino que tiene una tendencia histórica a hacer un uso ineficiente de estos recursos, seguramente fomentada por la falsa idea de su inconmensurabilidad y erráticas políticas públicas de diferentes gobiernos y autoridades sectoriales. La primera etapa del actual gobierno tomó, en primera instancia, el tema a la ligera. No diseñó una política pública de mediano y largo plazo para superar esta insuficiencia. Cuando el agravamiento del problema se hizo sentir por la necesidad de importar crecientes volúmenes de hidrocarburos para abastecer una demanda energética impulsada por inusuales tasas de crecimiento del PBI (como ocurrió en varios paises de la región debido al arrastre provocado por los países emergentes -China, India, Brasil), el gobierno decidió tomar algunas medidas. Entre ellas la implementación de los programas Petroleo Plus y Gas Plus. En la práctica esta decisión implicó dividir el mercado energético en dos: un mercado basado en la producción existente a "precios viejos administrados" y un mercado nuevo con precios más altos a establecer por las autoridades conforme los proyectos presentados por los interesados. Pero luego, el actual gobierno, concluyó que estas medidas era insuficientes y sus efectos se harían sentir en plazos no inferiores a 5 años ¿y mientras tanto qué? El agravamiento de la situación fiscal (por un aumento acelerado del gasto público), el retraso en el tiempo de cambio real (que incrementó las importaciones), la desconfianza que incentivó la fuga de capitales, son algunos de los factores que impulsaron al gobierno a adoptar medidas de dudosa efectividad, en especial porque están llevando a una alta conflictividad con el capital extranjero aplicado a inversiones directas en el sector. Primero fue con Repsol de España. Mas recientemente, la provincia de Neuquén resolvió la caducidad del área de Covunco Norte a Azabache Energy, Fortín de Piedra a Tecpetrol y Veta Escondida al consorcio de Petrobras y Total. De esta manera el conflicto se expande y alcanza a Brasil, Francia y Canadá. Chile -cuya empresa ENAP controlaba 50% de Campamento Central, en Chubut- y los Estados Unidos, donde están radicados los fondos de inversión que poseen el 17% de YPF, ya estaban fastidiados por las drásticas medidas adoptadas. Estas acciones nacionales y provinciales llevan a plantear varias preguntas, por ejemplo: ¿cuál es su impacto en la percepción de los inversionistas?, si se retiran las concesiones a las actuales titulares ¿quién se hará cargo de la nueva exploración y explotación? ¿cuál será el origen de los cuantiosos capitales que la actividad requiere?, si el Estado Nacional y los estados provinciales se hacen cargo de la actividad ¿tienen la capacidad de gestión y la tecnología para llevar adelante los emprendimientos? ¿Enarsa no es un ejemplo de las limitaciones actuales que tiene el Estado para ser un actor efectivo y eficiente en este campo?