¿La decisión adoptada con YPF-REPSOL implica un verdadero cambio de la política energética del gobierno?

Es esperable que, en estos tiempos, la mayoría de los argentinos estemos interesados en que el Estado tenga cierto grado de intervención en la explotación de nuestros recursos naturales. En especial los recursos no renovables, como los hidrocarburos.

Pero al formular este interés no debemos olvidar el pasado. Si incurrimos en esa omisión seguramente estaremos repitiendo viejas historias. Entre ellas una de las más dañinas: las refundacionales.

Sin ir muy lejos, en los años 90 un gobierno democráticamente elegido, decidió llevar adelante una reforma económica “sin anestesia”. Esa política incluyó, entre otras medidas sectoriales, la venta de la empresa estatal petrolera más antigua de la región que sirvió de modelo a la de otros países. Entre ellas Petrobras. Esa medida contó con el apoyo de un conjunto grande de actores sociales, incluidos políticos y gremiales.

El gobierno actual, en su primera etapa, no hizo cambios sustanciales al esquema institucional heredado. Solo la creación en 2004 de una empresa –ENARSA- que cuenta entre sus activos más importantes con el monopolio legal de la exploración y explotación de la plataforma submarina del Mar Argentino. Sobre los logros alcanzados por esa empresa hay, al menos, serias dudas. No vale la pena abundar sobre ellos en este espacio.

La declinación de la producción y de las reservas de gas y de petróleo era un dato ya conocido antes de la actual gestión. Modificar esa situación no es un acto de un día, sino de varios años de acciones persistentes y coherentes. Tanto del sector público como el privado. Requiere también de políticas activas en materia regulatoria y de un planeamiento estratégico en materia energética.

Estaba claro para los especialistas que la insuficiencia en el abastecimiento energético con recursos locales se profundizaría progresivamente. Mantener altas de crecimiento del PBI requeriría inevitablemente de más recursos energéticos que deberían ser obtenidos en el exterior. Y eso efectivamente ocurrió.

Pero esto en sí mismo no es grave si se cuenta con los recursos económicos para solventar la compra de energía en el exterior. Muchos países lo hacen porque no disponen de fuentes hidrocarburíferas propias (por ejemplo Japón). Obviamente que ser autosustentable en esta materia es deseable porque otorga, entre otras cosas, seguridad de abastecimiento.

El problema más grave deviene de la instrumentación de políticas macroeconómicas equivocadas. Financiar con el presupuesto estatal subsidios indiscriminados al consumo de energía es una decisión que no se sostiene en el tiempo. A esta altura de nuestra experiencia histórica hay que asumir que la demanda de energía debe afrontar los costos de operar y mantener su producción y una parte sustantiva de las inversiones requeridas para la expansión del sector. Del presupuesto general o de fondos específicos deberían salir recursos solo para aquellas inversiones que el sector privado no está dispuesto a realizar por problemas de retornos o de riesgos.

La conclusión a la que arribamos es que la medida adoptada es insuficiente para responder a la pregunta planteada.