Pero al formular este interés no debemos olvidar el
pasado. Si incurrimos en esa omisión seguramente estaremos repitiendo viejas
historias. Entre ellas una de las más dañinas: las refundacionales.
Sin ir muy lejos, en los años 90 un gobierno
democráticamente elegido, decidió llevar adelante una reforma económica “sin
anestesia”. Esa política incluyó, entre otras medidas sectoriales, la venta de la
empresa estatal petrolera más antigua de la región que sirvió de modelo a la de
otros países. Entre ellas Petrobras. Esa medida contó con el apoyo de un
conjunto grande de actores sociales, incluidos políticos y gremiales.El gobierno actual, en su primera etapa, no hizo cambios sustanciales al esquema institucional heredado. Solo la creación en 2004 de una empresa –ENARSA- que cuenta entre sus activos más importantes con el monopolio legal de la exploración y explotación de la plataforma submarina del Mar Argentino. Sobre los logros alcanzados por esa empresa hay, al menos, serias dudas. No vale la pena abundar sobre ellos en este espacio.
La declinación de la producción y de las reservas de gas y de petróleo era un dato ya conocido antes de la actual gestión. Modificar esa situación no es un acto de un día, sino de varios años de acciones persistentes y coherentes. Tanto del sector público como el privado. Requiere también de políticas activas en materia regulatoria y de un planeamiento estratégico en materia energética.
Estaba claro para los especialistas que la insuficiencia en el abastecimiento energético con recursos locales se profundizaría progresivamente. Mantener altas de crecimiento del PBI requeriría inevitablemente de más recursos energéticos que deberían ser obtenidos en el exterior. Y eso efectivamente ocurrió.
Pero esto en sí mismo
no es grave si se cuenta con los recursos económicos para solventar la compra
de energía en el exterior. Muchos países lo hacen porque no disponen de fuentes
hidrocarburíferas propias (por ejemplo Japón). Obviamente que ser
autosustentable en esta materia es deseable porque otorga, entre otras cosas,
seguridad de abastecimiento.
El problema más grave
deviene de la instrumentación de políticas macroeconómicas equivocadas.
Financiar con el presupuesto estatal subsidios indiscriminados al consumo de
energía es una decisión que no se sostiene en el tiempo. A esta altura de
nuestra experiencia histórica hay que asumir que la demanda de energía debe
afrontar los costos de operar y mantener su producción y una parte sustantiva
de las inversiones requeridas para la expansión del sector. Del presupuesto
general o de fondos específicos deberían salir recursos solo para aquellas
inversiones que el sector privado no está dispuesto a realizar por problemas de
retornos o de riesgos.La conclusión a la que arribamos es que la medida adoptada es insuficiente para responder a la pregunta planteada.
