Potenciar nuestros recursos renovables: la hidroelectricidad

La hidroelectricidad, junto con la energía eólica y la solar, entre otras, es una fuente de energía renovable. Los aprovechamientos hidráulicos planificados (en especial de propósitos múltiples), proyectados, ejecutados y mantenidos adecuadamente contribuyen al abastecimiento de agua y energía. Además permiten el almacenamiento de energía a través de la regulación del embalse, el riego y uso industrial, el control de crecidas, la navegación, la intercomunicación vial, la protección de la fauna ictícola, el turismo y la recreación, entre otros beneficios. La Argentina tiene una experiencia acumulada en materia de emprendimientos hidroeléctricos y un potencial de explotación del recurso hídrico en gran medida desaprovechados desde hace más de dos décadas. Nuestra matriz eléctrica actual está conformada aproximadamente en un 95% por energía térmica (65%) y energía hidráulica (30%). El resto lo integran la energía nuclear, otras renovables y la energía importada de países limítrofes, cuando así se requiere. Como sabemos la energía térmica se basa en hidrocarburos: gas y derivados del petróleo. Siendo estos recursos no renovables. La potencia instalada hidroenergética en nuestro país creció a un ritmo superior a la térmica hasta 1988 y luego de ese año tendió a amesetarse. A partir de 1997 el aumento de la generación térmica fue notoriamente superior a la hidroenergética, que prácticamente se estacionó en los valores alcanzados a esa fecha. Esta concentración de la matriz eléctrica en las fuentes térmicas no renovables estuvo notoriamente influenciada por la privatización de empresas públicas de electricidad (Agua y Energía S.E. e Hidronor S.A, principalmente), el retiro del Estado como planificador y productor, cambios tecnológicos en los equipos térmicos que aumentaron sensiblemente su rendimiento, el menor plazo de retorno del capital invertido en generadoras térmicas, la carencia de fuentes de financiamiento a largo plazo y el bajo precio del gas local en ese entonces. Desde el punto de vista temporal, actualmente una planta de generación térmica tiene un plazo de construcción de alrededor de 2 años (plantas que además se puede desarmar y trasladar a cualquier punto del planeta), en tanto que las obras hidroenergéticas demandan plazos que van de los 5 a 10 años de ejecución y constituyen un capital no recuperable. Pero además de los factores mencionados precedentemente, se deben tomar en cuenta otros efectos benéficos (que no se consideran en los cálculos privados) para decidir la mejor opción en cada caso. Las obras hidroeléctricas -que se pueden construir íntegramente con recursos y mano de obra locales- bajo ciertas condiciones pueden constituir un factor de crecimiento social, económico y de infraestructura en la región de implantación. Fenómeno que no se produce con las plantas térmicas. Por otra parte, los cálculos de costo - beneficio de estas obras se inclinan a favor de la energía hidroeléctrica a medida que el precio de los hidrocarburos aumenta. Especialmente el del gas. Como sabemos, la Argentina pasó de ser un país con gas a tener que recurrir al abastecimiento externo; afectando así negativamente nuestro comercio exterior. Si bien existen expectativas respecto a la explotación doméstica de gas no convencional, la producción para cubrir la demanda interna se alcanzaría en el mediano y largo plazo. Dados los beneficios y condiciones actuales, éste es un buen momento para impulsar un plan de obras hidroenergéticas planteando una secuencia temporal que permita su ejecución, asegure nuestro abastecimiento y aproveche el potencial energético de nuestros recursos renovables. Algunos pasos ya se han dado en ese sentido con obras en marcha o de próxima ejecución. Para elaborar dicho plan deberían tomarse en cuenta al menos 5 condiciones para fortalecer su viabilidad. Financiamiento. Para comprometer financiamiento de largo plazo hay que lograr una combinación de recursos públicos, de organismos internacionales y del sector privado. Los recursos públicos pueden originarse en un fondo específico destinado a ese fin, similar a los existentes antes de la privatización. El financiamiento internacional podría provenir de entidades mundiales o regionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, que a su vez facilitan el apalancamiento de otros préstamos. También es posible obtener préstamos ventajosos de agencias de exportación de proveedores externos. Los recursos privados se podrían conseguir adjudicando la obra a un consorcio de empresas privadas que además, una vez terminada, la opere y la mantenga a cambio de un contrato de abastecimiento energético que permita recuperar el capital invertido. Acuerdos provincias - nación. A partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias tienen el dominio originario de los recursos de su jurisdicción. Esto implica que los emprendimientos hidroenergéticos tienen que ser acordados con las respectivas provincias, asegurando con ello los beneficios locales de equipamientos que aportan al sistema nacional de electricidad. Condiciones socio ambientales. La experiencia y los cambios de paradigma de las últimas décadas implican una visión más profunda de las consecuencias sociales y ambientales de esto emprendimientos. Las normas actuales exigen un análisis estricto y la consulta de los intereses locales afectados por las obras. Ello constituye un medio apropiado para mitigar los posibles efectos adversos de una nueva usina. Proyectos hidroenergéticos. Existe un número importante de estudios y proyectos de diversa magnitud, elaborados por las ex empresas públicas, que son practicables con las debidas adecuaciones tecnológicas y ambientales. Ese conocimiento implica un capital invertido que no debería desecharse, ya que llevó muchos años de trabajo de cientos de técnicos y profesionales que si hoy habría que realizar sería muy costoso y complejo. Sobre el particular, a nivel gubernamental, se están desarrollando tareas de reelaboración de proyectos que permitirán disponer en un corto plazo de un catálogo actualizado de obras a licitar cuando así se decida. Finalmente, para llevar adelante un programa que contemple de manera integral los aspectos involucrados en su desarrollo, permitiendo incrementar sustantivamente la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica, deberían establecerse diseños institucionales que definan claramente las responsabilidades de las diferentes competencias públicas y privadas. Es posible que una institucionalidad así reformulada demande la conformación de una agencia responsable de ejecutar y coordinar las tareas que aseguren el logro de las metas propuestas.