lunes, 29 de mayo de 2017

El dilema del gobierno y de todos

Siempre son interesantes los puntos de vista sobre la dimensión política de nuestra sociedad en tanto no se asuman como explicación global de la misma. Sin duda la historia de la Argentina tiene puntos comunes con lo acontecido en otros países, especialmente de LA.

Pero más allá de esas vinculaciones nuestro derrotero se explica primordialmente por nuestras singularidades en distintos niveles. Entre ellas las copiosas corrientes inmigratorias, los abundantes recursos naturales y la acentuada concentración urbana y de poder en Buenos Aires, frente a un territorio de grandes dimensiones con baja densidad poblacional y tradiciones feudales en varias provincias.

Nuestra historia política está surcada por fuertes confrontaciones en las cuales subyace la idea de unanimismo. La unidad ideología excluyente. En el siglo pasado, el radicalismo fue una emergente del conflicto social de la clase media naciente con una oligarquia liberal conservadora fundadora de nuestro Estado Nación. El radicalismo se aglutinó bajo la idea de "causa nacional". La única. La verdadera.

Posteriormente, el ejercito, en los años 30, se metió de lleno, por primera vez, en la vida politica nacional quebrando la novel institucionalidad, fundandose en la idea de "reserva moral de la nación", por encima de cualquier division partidaria.

Mas tarde el peronismo irrumpe en el escenario nacional reivindicando al sector del trabajo bajo la consigna de "proyecto nacional", fuera del cual no existía vida política posible.

Recién con la autodestrucción del militarismo como posibilidad de una idealizada regeneración de nuestras instituciones, las circuntancias obligaron a la sociedad a reflexionar sobre la alternativa de convivir bajo un régimen de partidos pero sin llegar, todavía, a desplazar nuestras rasgos identitarios de autoritarismo, intolerancia y unanimismo político, entre otros no democráticos. Por eso seguramente no son pocos los sectores a los cuales les cuesta adaptarse al juego de una democracia repúblicana.

Tambien es cierto que los alineamientos políticos partidarios de la sociedad son mas volátiles que en el pasado. Este fenómeno (además de los desaciertos del gobierno anterior) es la explicación más verosimil del triunfo electoral de la endeble coalición gobernante. Pero ese acuerdo político no tiene la vaca atada. Por el momento sigue disfrutando del crédito que se sostiene en el temor de parte de la población a retornar a un pasado no deseado y en la debilidad de una oposición que hasta ahora no encuentra su propia identidad.

Por otra parte, cualquier análisis político a futuro no puede olvidar fenómenos dificilmente explicables como el de la pobreza estructural, la corrupción naturalizada y el escaso respeto a las reglas de juego fundantes de la convivencia social.

El dilema que enfrenta el gobierno y la sociedad toda es la elección de los caminos mas idoneos para superar estos profundos y enraizados desordenes sociales. Es dificil imaginar con fundamento que un grupo político (aun con amplias capacidades) en un lapso de tiempo acotado, pueda ser el artífice de la reversión de estos males.

Se necesita institucionalizar el cambio mediante acuerdos políticos de largo plazo. El verdadero arte del gobierno (por el bien de todos y no de una parte) es imaginar y proponer esa institucionalización.

viernes, 26 de mayo de 2017

Propuesta de Odebrecht para informar sobre corrupción

Odebrecht propuso un acuerdo tripartito con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal (MPF). El planteo de la constructora brasileña desconoce las facultades de las instituciones incluidas en el texto, pero concede amplios beneficios a la compañía que podrían, incluso, configurar un delito para sus firmantes.

Se trata, a la vez, de una propuesta que ofrece la tentación de brindar el máximo detalle sobre el pago de sobornos que ejecutaron funcionarios, empresarios y operadores con el dinero del Estado en nuestro país.

Esas son las dos caras del acuerdo que Odebrecht le propuso al Gobierno esta semana. LA NACION accedió a un borrador de ese texto, que ya fue rechazado por el Ejecutivo, pero que será la base de la negociación que continuará la semana próxima

Schiaretti dijo que en Córdoba no hubo coimas

La propuesta consta de 13 páginas, cuyo marco general es el acuerdo realizado en Brasil. Es una oferta que aceptaron algunos países de la región, pero que no encuadra con las leyes argentinas. Lo más jugoso en favor del Estado aparece en el "Capítulo IV", titulado "Obligaciones de la empresa". Odebrecht enumera una serie de beneficios por el acuerdo:

Identificar los delitos, sus autores, coautores y partícipes necesarios (incluidos funcionarios y políticos).

La descripción de la estructura jerárquica y la división de tareas de las organizaciones criminales.

Proveer documentos y otras pruebas materiales.

La empresa también hace un detallado análisis de las condiciones previstas para la "indemnización" que le pagarían al Estado por el pago de sobornos que sería de, al menos, US$ 35 millones, informaron fuentes oficiales.

"La indemnización será abonada mediante una retención de un 10% de los ingresos que perciba la empresa de todas sus contrataciones con el Estado", señala el texto. Y propone la creación de un fideicomiso entre la empresa y el Estado para ejecutar el pago del resarcimiento.

Pero el acuerdo que impulsa Odebrecht contempla muchísimas obligaciones del Ejecutivo. La principal: asegurar la continuidad de los contratos ya firmados. Pero, además, enumera:

No iniciar, avalar, impulsar o ejercer ninguna acción de naturaleza penal contra la empresa, los colaboradores y los adherentes.

No ejercer ninguna acción sancionatoria ni resarcitoria por los hechos.

No avalar, facilitar, promover o colaborar con acciones de terceros contra la empresa.

El texto también desgrana las obligaciones que debería cumplir el MPF. "Reconocer el derecho de todos los agentes que hayan adherido al acuerdo o adhieran en el futuro a no verse sujetos a procesos por los hechos declarados."

Y promueve otras restricciones penales para proteger a la compañía y a sus ejecutivos como el compromiso a no aplicar "ninguna medida de cualquier naturaleza que pueda afectar el funcionamiento de la empresa, sus contratos vigentes o futuros, su participación en licitaciones", entre otras cosas.

A pesar de que se trata de un intento de acuerdo tripartito, Odebrecht presentó la propuesta sólo al Gobierno. El MPF y los fiscales que trabajan en las causas que involucran a la empresa no tuvieron acceso a la propuesta, confiaron fuentes oficiales.

Desde el oficialismo no descartan que la empresa quiera primero cerrar un acuerdo con el Gobierno para luego presionar a la Justicia.

El fiscal Federico Delgado había ofrecido a Odebrecht aportar datos bajo la figura del arrepentido, una norma que no permite la renuncia a la acción penal en ninguna circunstancia.

El Gobierno analiza desplazar a Odebrecht del soterramiento del tren Sarmiento

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, le pidió a su par argentino, Mauricio Macri, que saque a Odebrecht del consorcio que está haciendo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El objetivo sería evitar que las causas de corrupción contra la empresa brasileña impacten en la italiana Ghella, una de las empresas que participa en esa obra pública.

El reclamo lo hizo Mattarella el 8 de mayo, en un encuentro que tuvo con Macri en Casa Rosada. Pero recién ahora trascendió de dos fuentes del Gobierno argentino, que pidieron mantener su anonimato.

El soterramiento del Sarmiento tiene un presupuesto de US$ 3.000 millones, aportados por el Estado nacional. Tiene un avance de obra del 3%, que realiza un consorcio integrado por Odebrecht, Ghella, la española Comsa y la nacional Iecsa -el primo de Macri, Angelo Calcaterra, era el dueño de ésta empresa y se la vendió hace dos meses a Marcelo Mindlin-.

“A la salida de Odebrecht la tienen que resolverla entre los privados. Nosotros sólo podemos actuar si hay un fallo de la Justicia”, dijeron fuentes del Gobierno. Y agregaron: “Pero esa resolución judicial puede tardar años. Y sería complicado inaugurar las obras, en plena campaña electoral, teniendo que pagarle a la firma brasileña por el soterramiento del Sarmiento”.

Fuentes del Ministerio de Transporte destacaron que esa obra iba a comenzar en 2006, pero que recién arrancó en octubre de 2016, cuando Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo. Ya hay 260 anillos de hormigón ensamblados y colocados bajo tierra por la misma máquina tuneladora. Y las estaciones de Ciudadela y Ramos Mejía (en La Matanza) “están en marcha”, con estudios de los suelos y trabajo complementarios, como la “depresión de la napa”, destacaron en Transporte.

“Fueron 10 años de inactividad, tras la licitación. En cambio, nosotros avanzamos 607 metros con la tuneladora, a 22 metros de profundidad; y estamos por abrir obras en tres nuevas estaciones en los próximos días”, dijo una fuente del Ministerio que conduce Guillermo Dietrich.

El Gobierno quiere imprimirle un ritmo de campaña al soterramiento del Sarmiento. Por eso, en febrero comenzó la obra en La Matanza, para construir la primera estación subterránea del tren, en pleno territorio kirchnerista. Los funcionarios destacaron el beneficio que traerá para los habitantes que “transitan por donde pasa el Sarmiento”, desde el barrio porteño de Caballito hasta la localidad bonaerense de Moreno, así como a "los más de 200.000 pasajeros que hoy viajan en el tren".

Pero la salida de Odebrecht podría complicar los planes de la empresa brasileña. Es que uno de los requisitos que puso para firmar un convenio de colaboración es seguir con sus obras públicas, para pagar con esa plata las multas que le puedan poner por los US$ 35 millones en coimas que declaró haber pagado en la Argentina, entre 2007 y 2014.

“La empresa quiere seguir trabajando en la Argentina, mantener los contratos actuales y continuar habilitada para participar en procesos licitatorios, dando continuidad a sus treinta años de presencia en Argentina”, dijo a Clarín una fuente de Odebrecht. Y contó que también participa en la expansión de plantas potabilizadoras de agua de la empresa Aysa, en la provincia de Buenos Aires, y en la construcción de gasoductos para la provincia de Córdoba.

“Odebrecht no debería seguir participando en obras, hasta que la Justicia esclarezca su situación”, dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en declaraciones radiales. Su Ministerio fue el único que canceló el año pasado un contrato de Odebrecht con el Ministerio de Planificación, que manejaba Julio De Vido. La empresa brasileña estaba construyendo la ampliación de gasoductos en el norte del país, hasta que Aranguren canceló el contrato “por sobreprecios” y lo denunció en la Justicia.

Más allá del pedido del presidente Mattarella y la necesidad política de Macri, la Justicia argentina imputó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a su hombre de confianza Manuel Vázquez y al ex titular de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, por el pago de coimas de la empresa brasileña por el soterramiento del Sarmiento.

YPF, multada por 2.5 millones de pesos

A más de seis meses del derrame de unos 240.000 litros de “agua salada” que terminó secando frutales en medio de la zona rural de Allen, y que provinieron desde el subsuelo en una locación de la firma YSUR-YPF, se conoció que el líquido no sólo tenía “un alto grado de salinidad” que resultaba tóxico para los cultivos de la chacra, sino que además contenía restos de hidrocarburos.

Tras informes realizados a raíz del incidente, el Departamento Provincial de Aguas multó a los responsables por un monto de 2,5 millones de pesos. Así lo dieron a conocer integrantes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, de Allen, al recibir novedades de la justicia tras la denuncia que presentaron a raíz del vertido que se registró en octubre del año pasado en una locación ubicada en la chacra 60.

Desde YPF se informó que la empresa no recibió ninguna notificación de multas o sanciones por parte del DPA. “El incidente en la locación 360 fue informado a las autoridades de aplicación y continúa el cronograma de trabajo acordado con las mismas”, indicaron desde la petrolera estatal.

El DPA confirmó la existencia de la sanción y dijeron que YPF no aceptó la notificación. La fiscal Julieta Villa le informó a la Asamblea por el Agua que provisoriamente se archivó la causa que iniciaron porque “no se cuenta hasta el momento con elementos objetivos suficientes para endilgar a los responsables de la empresa YSUR Energía Argentina SRL la comisión de un hecho delictivo reprochable penalmente”. Sin embargo, a raíz de la investigación surgida se solicitaron informes y la Secretaría de Hidrocarburos provincial dispuso diversas medidas para garantizar “la desconexión hidráulica y la aislación de los acuíferos de agua dulce”.

En ese marco, se conoció que el DPA aplicó a la firma responsable una multa de 2,5 millones de pesos. “Estamos muy conformes con esto. Desde el 2012 hemos hecho muchas denuncias, esta es la más reciente”, señaló ayer Lidia Campos, integrante de la Asamblea.

“Cuando nos enteramos del incidente, que había un derrame de agua salada, agua de retorno de pozo, hicimos la denuncia. En ese momento el DPA tomó muestras y sacó un comunicado, a lo que la empresa hizo su descargo y dijo que era un derrame menor de agua dulce y que era inocuo para las plantas”, explicó la mujer. “Ahora sabemos que según los estudios realizados por el DPA, resulta que era altamente salinizada, por encima de los niveles permitidos, tóxico para las plantas -se arrancaron 170- y además tenía hidrocarburos”.

En la Asamblea recibieron la noticia “con una gran interrogante: si esto salió para afuera, a la superficie ¿qué estará pasando abajo?”, se preguntó Juan Carlos Ponce. Insistieron con la falta de controles “en tiempo y forma” de los organismos responsables. “La fruticultura con la extracción de hidrocarburos no es compatible, en Allen el fracking no tiene licencia social. Nosotros queremos seguir produciendo frutas y verduras, y esto es un delito”, criticó Campos.

Además impulsan que el dinero que se cobre de las multas sea redireccionada “como resarcimiento a la gente perjudicada”.

El petróleo se desplomó 4,8% y se cotiza menos de u$s 50

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó un 4,79% y cerró en u$s 48,90 el barril, después del acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores para extender los recortes de producción “que no convenció a los mercados”.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en julio, los de más próximo vencimiento, cayeron u$s 2,46 respecto al cierre de la última sesión, informó la agencia EFE.
Por su parte, el barril de crudo Brent para entrega en julio cerró en el mercado de futuros de Londres en u$s 51,46, 4,63 % menos que al término de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un descenso de u$s 2,50 respecto a la última negociación, cuando acabó en u$s 53,96.
Los catorce socios de la OPEP y otros diez productores acordaron en Viena ampliar en el tiempo el recorte de 1,8 millones de barriles diarios, vigente en principio hasta junio, ”en una medida esperada pero que los mercados temen que sea insuficiente”.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Aranguren: “Queremos que la tarifa eléctrica sea similar en todo el país”

El ministro dijo que a través del Acuerdo Federal Energético se buscará homogeneizar las facturas en todo el país, lo que eliminaría la brecha entre cada una de las provincias.

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, comentó en conferencia de prensa que va a impulsar un mecanismo para “armonizar” las tarifas eléctricas de todas las distribuidoras del país. Es decir, el Gobierno buscará eliminar la amplia brecha en los precios al consumidor final de la electricidad que hay entre el interior y Buenos Aires.

La idea es empezar a instrumentar ese mecanismo a partir del mes que viene en el Consejo Federal de la Energía, creado a través del acuerdo que se firmó el mes pasado en Casa Rosada con los gobernadores y conformado por los ministros provinciales del área.

Allí se iniciará el tratamiento de una homogeneización del Valor Agregado de Distribución (VAD) -que representa el 47% de la factura en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano- en todas las provincias, para que se pague aproximadamente lo mismo en todo el país a mediados de 2018 o, en su defecto, antes de que finalice el actual mandato presidencial.

Actualmente, el Estado subsidia aproximadamente el 50% del costo de generación de electricidad, calculado en $ 1270 por megavatio/hora.

En los próximos días, además, se publicará en la web del Ministerio la información sobre qué porcentaje representan en cada provincia el costo de generación, el VAD y los impuestos, con la idea de transparentar los precios.

Amparos

Asimismo, Aranguren criticó el fallo del juez platense Luis Arias, que hizo lugar a una medida precautelar y suspendió momentáneamente el aumento de la luz para La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires, concesionado a 4 distribuidoras (Edelap, Eden, Edea y Edes).

Sabemos que los jueces fallan políticamente”, consideró, a la vez que defendió como “razonable” el incremento en ese sector del país, que iba a ser -de acuerdo a lo anunciado- de 58%, pero que asociaciones de consumidores denunciaron que sería mayor al 100%.

Producción no convencional

En otros términos, el funcionario anunció que hoy habrá una reunión con las empresas petroleras para producir hidrocarburos no convencionales en Santa Cruz (lo que podría atenuar la crisis del sector en esa provincia) y dijo que la demora en instrumentar la adenda para Vaca Muerta es “normal”.

En conjunto con otros medios nacionales y provinciales, El Cronista le consultó a Aranguren acerca de los cambios para la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales.

- ¿Le preocupa particularmente a usted la tardanza en aplicar la totalidad de la adenda al convenio de trabajo?

- No. Es algo normal y sé que a algunos les gustaría que fuera más rápido, pero hay una certeza: lo que firmaron Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo (representantes de base y jerárquicos, respectivamente) se va a cumplir.

- ¿Ya se notan mejoras en la productividad de estos pozos que se puedan atribuir exclusivamente a estos cambios?

- Lo que hagamos este año se va a materializar en la productividad en 2018, sobre todo. Las inversiones van a llegar a entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones anuales por seis años cuando las compañías pasen a las etapas de desarrollo. Cuanto más rápido se concrete, vamos a dejar de importar Gas Natural Licuado (GNL) con mayor prontitud. Vamos a recuperar lo que se llama el “autoabastecimiento” de gas, pero las compras a Bolivia van a seguir por un tiempo (el contrato es hasta fines de 2026).

Aranguren aprovechó para recordar que las autoridades bolivianas dejaron de actualizar las previsiones de exportación de gas para nuestro país. Hasta el 15 de abril, Bolivia inyectó a los gasoductos argentinos un volumen mayor al contratado, pero desde hace un mes, con la cercanía del invierno, está por debajo de lo acordado. Es por eso que se hizo necesario el convenio que Enarsa firmó con Chile la semana pasada para asegurarse la provisión del fluido.

A la vuelta de la gira asiática, en la que acompañó al presidente Mauricio Macri, el funcionario adelantó que en los próximos días se terminará de redactar el estudio de impacto ambiental de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz que financiará China.

martes, 23 de mayo de 2017

Yacyretá invertirá más de US$ 1.650 millones para ampliar y modernizar la central hidroeléctrica

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) pondrá en marcha un plan de inversiones por más de US$ 1.650 millones, para ampliar y modernizar la central hidroeléctrica argentino-paraguaya ubicada sobre el río Paraná, al norte de la provincia de Corrientes, según indicó el director ejecutivo de ese organismo, Humberto Schiavoni.
“Con el ordenamiento de las cuentas que está previsto, podemos establecer un flujo de fondos para hacer frente a la inversión. También se está preparando el proyecto para la ampliación de la central”, indicó Schiavoni y afirmó que “con lo previsto, pondremos en marcha inversiones por más de US$ 1.650 millones”.
El ejecutivo explicó que como parte del plan de inversiones “se agregarán tres turbinas adicionales”, y destacó que “eso incrementará en un 15% la potencia y en un 6% la generación efectiva, que va a permitir trabajar en hora pico”.
El funcionario precisó que eso “costará alrededor de US$ 1.000 millones”, y puntualizó que la idea para llevarlo a cabo es que “los oferentes propongan el financiamiento”.
Además, indicó que “este semestre” se lanzará la licitación para la construcción de un proyecto en el brazo Aña-Cuá, que demandará “una inversión de US$ 650 millones”, y remarcó que “incrementa la generación efectiva en un 10%”.
Agregó que “el otro proyecto que está en marcha es el programa integral de rehabilitación y modernización de la central”.
“Las turbinas están golpeadas por haber trabajado años a una cota diferente de la de diseño. Eso llevará 10 años”, estimó Schiavoni, quien subrayó que “en cuatro años tiene que haber una reducción de gastos” de la central.