Colectivos eléctricos

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Las próximas Audiencias Públicas de Gas y de Electricidad

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Política y Servicios Públicos - El caso de la Electricidad en Buenos Aires 1887 - 1962

Política y Servicios Públicos - Electricidad en Buenos Aires, 1887-1962 - Lic. Guillermo Genta by Guillermo Genta on Scribd

UN PASO EN UN LARGO PROCESO

Marcos Rebasa

El contrato de YPF con Chevron es un paso importante para romper el cerco que intentó ponerle a la Argentina la española Repsol. Desde esa perspectiva es un acto de soberanía fundamental para continuar un largo camino, el que deber ser complementado con otras acciones para darle sentido y contexto a esta decisión. En primer lugar obtener acuerdos de YPF, o de otras empresas, para la explotación de reservas no convencionales de gas, ya que el área motivo de este acuerdo es principalmente de shale oil, y si bien el petróleo es necesario, lo importante para el país hoy es el gas, cuya producción intensiva permitirá evitar las costosas importaciones de ese fluído. En segundo lugar, si bien no conocemos el contenido del contrato, es muy importante la transferencia de tecnología a YPF y al sistema tecnológico local de la experiencia de fracking en EE UU. Chevron tiene una limitada actividad en ese punto, pero existen numerosas empresas medianas de ese país con las que se puede acordar para acumular ese conocimiento. Un desarrollo con futuro de este tipo de yacimientos, requiere también de industria local de suministros petroleros, salvo que sigamos primarizando nuestra economía, como ocurre con la minería. El ejemplo brasilero es paradigmático en este aspecto. En tercer lugar, debemos encontrar formas de financiamiento local complementario que nos independicen del sometimiento cultural a la inversión extranjera como única salida al desarrollo de los hidrocarburos. Finalmente, para encauzar, promover y controlar estas y futuras inversiones, así como al conjunto de la industria, la asignatura pendiente es un Estado bien estructurado, moderno, eficiente, institucionalizado, de una magnitud acorde con el desafío que importa esta cuestión vital de la economía nacional.

PLANIFICACIÓN para una MATRIZ EQUILIBRADA de GENERACIÓN ELECTRICA

La energía eléctrica es el insumo energético más accesible para la población porque su uso es sencillo y dúctil; por ello su demanda tiende a aumentar a mayor velocidad que los otros energéticos. En un contexto de crecimiento sostenido, de un fuerte consumo sin señales económicas que lo  limiten y con problemas de autoabastecimiento de combustibles, un primer análisis indica la necesidad de atacar dos frentes simultáneos para paliar el problema de la balanza comercial externa.

 Uno es evitar el uso innecesario y muchas veces el despilfarro, al que culturalmente es afín buena parte la población urbana. Es decir trabajar fuertemente en el plano cultural y económico en pos de un Uso Razonable, Responsable y Eficiente de la Energía (URREE) y justo socialmente. El análisis de consumos muestra que es posible ajustar selectivamente las tarifas y la velocidad de crecimiento de la demanda de potencia y energía sin que ello afecte la evolución de la economía, las expectativas de mejoras en la calidad de vida y el derecho pleno al acceso a la energía de toda la población.

 Dos, planificar adecuadamente cómo se satisface el crecimiento de la demanda pensando en hacerlo al menor costo posible, sacrificando el mínimo de recursos que necesitarán las nuevas generaciones y con el menor impacto ambiental,  ahorrando divisas con una industria local eficiente. Actualmente, nuestra matriz eléctrica, en potencia instalada para la generación de electricidad es: Combustible fósil  66,4%, Generación hidráulica 28,4%, Nuclear 4,9% y otras renovables 0,3%.

 Cada forma de generación tiene ventajas y desventajas: La generación con combustibles fósiles es la que requiere menor inversión, pero es la que tiene mayor costo de combustibles y mayor impacto ambiental negativo, consumiendo además un recurso no renovable. La generación eólica es la de menor impacto ambiental, hoy es una energía cara en pesos pero supone ahorro en divisas si se promueve la creciente participación de la  industrial local. Los requerimientos que deben cumplir estos generadores para la estabilidad del sistema eléctrico, hacen que la generación eólica sea complementaria de centrales eléctricas térmicas, nucleares e hidráulicas de base.

La generación hidráulica, que también evita el uso de combustibles fósiles, tiene un alto costo de inversión y necesidades de transporte eléctrico importante por las distancias entre los lugares donde se encuentran las fuentes hídricas y los centros de demanda; pero tiene al mismo tiempo bajos costos de operación y la importante ventaja de poder cubrir tanto la punta como la base del sistema. La generación nuclear también tiene un alto costo de inversión pero al mismo tiempo un bajo y estable costo de combustible, ventajas en el costo de transporte a los centros de consumo, una creciente participación de la industria local en su construcción y otros beneficios como la tracción tecnológica de proveedores de equipos y materiales. Otras variantes de generación eléctrica con energías renovables, a excepción de la biomasa, requieren su desarrollo en un plan de promoción y aliento, accesible y con recursos nacionales.

La matriz que proponemos tiene tres condicionamientos claros: (I) agotar las posibilidades de construir centrales hidráulicas; (II) aumentar fuertemente la participación nuclear incentivando la participación local en la apropiación de las tecnologías y manufactura de las partes electromecánicas y en la obra civil; y (III) incrementar radicalmente la participación de la energía eólica por las ventajas naturales, su rápida instalación y la posibilidad cierta de la alta participación industrial local.

En un esquema de evolución de las participaciones porcentuales de la energía producida, se tres etapas con una proyección de crecimiento del 4% anual a mediano plazo, hoy asumida por distintos economistas y planificadores como una tasa sustentable en un marco de desarrollo con fuertes políticas de ahorro a implementar y eficiencia energética de uso. Ello nos posibilitaría llegar al año 2.020 con una matriz de  53,1% de fósil, un 35,3% de hídrica, 7,6% de nuclear, y un 4% de eólica.

La generación eléctrica de origen hidráulico y nuclear son las que mejor cumplen con las premisas indicadas en esta nota, es decir la expansión del sistema de generación al menor impacto ambiental y sin sacrificar los recursos que requerirán las generaciones venideras. Pero tienen una dificultad: se requieren tiempos de entre 5 y 6 años para su instalación. Para ese período la expansión de la demanda sólo se podrá satisfacer con razonabilidad, con responsabilidad ambiental y con emancipación del cuello de botella de la importación de combustibles, con una intensa construcción e instalación de generadores eólicos. Estos demandan tiempos sustancialmente menores (2 años) y con costo de combustible cero. También con hidráulicas de baja potencia. Por supuesto que ante la falta de otras opciones siempre caben las urgencias de siempre: instalar generadores con combustibles fósiles. Consideramos que la instalación de pequeñas centrales de generación distribuida, a base de gas oíl, constituyó un error: entre el 2011 y el 2012 se tuvieron que importar cerca de 4.000 millones de dólares en gas oil, pagado al contado, agravando la emergencia energética.

Por ello proponemos la urgente planificación para el inicio de obras hidroeléctricas y nucleares si queremos disponer de ellas y tener una mejor matriz de generación eléctrica. Y si de planificación se trata, propiciamos la creación de la Empresa de Planificación Energética similar a la Empresa de Pesquisas Energéticas - EPE, del Brasil, siguiendo la política nacional de profundización del modelo de gestión estatal. El EPE es una estructura de consultoría estratégica de alto nivel cuya capitalización proviene de cargos específicos a empresas privadas de rentas excepcionales, como las de comunicaciones móviles, contiene un staff altamente especializado que sustenta el desarrollo autónomo, competitivo y la universalización del consumo de energía. Y una clara impronta profesional y técnica, identificada con las políticas de estado.

 Este Instituto quiere transmitir la necesidad de diversificar la matriz de generación eléctrica con el objetivo de disminuir el drenaje de divisas y aumentar la soberanía nacional, calificando como prioritario el desarrollo Hidráulico, Nuclear y Eólico. La urgente necesidad de implementar un plan de ahorro energético y a su vez, resignificar el arte de planificar, como ineludible para alcanzar estas metas, proponiendo una herramienta de gestión vinculada al Estado, como es una Empresa de Planificación de Energía, una EPE Argentina. Asimismo, consideramos conveniente  la creación de una empresa eólica especializada y estatal, que podría estar en su inicio en el ámbito de ENARSA, para fomentar la incorporación de granjas eólicas con una importante participación de la industria nacional. Argentina tiene la necesidad de apuntar a una matriz energética equilibrada de mejor perfomance ambiental y una gestión nacional e integral de los recursos humanos, naturales, económicos y financieros.

Carlos Rey, Marcos Rebasa, Bruno Capra, Andres Repar, Nilda Minutti, Cristina Huwiler, Silvia Corral, Luis Tognon, Daniel Torchio,  Silvia Veitzman y otros.     Miembros del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz

En estos días se está cerrando un acuerdo importante entre YPF y la estadounidense CHEVRON para la extracción de hidrocarburos en la Provincia del Neuquén. El gobierno no ha dado a conocer los alcances del mismo hasta el momento. Hay opiniones en la oposición y dentro de propio oficialismo que no están conformes con esta iniciativa. Es conveniente esperar la ratificación del gobierno de la provincia para profundizar sobre el tema.

Artículo publicado en Página 12. Domingo, 15 de julio de 2012

Desafíos del Estado en el sector de hidrocarburos: Regulación y control

Por Marcos Rebasa

El Gobierno y el Congreso han planteado un enorme desafío a futuro al sancionar la reciente ley de nacionalización de YPF. Junto con esa decisión resolvieron colocar toda la actividad de los hidrocarburos bajo un nuevo régimen jurídico y político, lo que exigirá la modificación del sistema de normas anterior. De ahora en más ese sector es de “interés público nacional”, definición que alcanza también, por supuesto, a la YPF de mayoría estatal e incluye al resto de la industria, los que tendrán que inscribirse en esa orientación. Para ello será necesario que la reglamentación de la ley, una nueva “carta energética de los hidrocarburos”, trace las líneas maestras de una política para este sector.

Al declarar de “interés público” el ciclo completo de la actividad hidrocarburífera, el Congreso la somete a una nueva y específica regulación estatal y obliga a actualizar y adecuar a ese principio el sistema anterior de la ley 17.319, verificando si es conveniente mantener, entre otros preceptos, la propiedad de los combustibles extraídos por parte de las empresas concesionarias y la libre disponibilidad de las divisas en el caso de exportación, o el propio sistema de contratación que otorga el total del precio del combustible para la firma explotadora salvo las regalías, a contramano de las modernas fórmulas internacionales. Y también aquellos aspectos de la ley corta –la 26.197 que transfirió a las provincias la administración de los contratos de concesión de los hidrocarburos– en todo lo que se oponga a los objetivos de esta nueva definición legal. Pero, además, a ese interés público le agrega la calificación de “nacional”, es decir, que prima este carácter por sobre aquellas disposiciones. Siguiendo así una amplia y comprensiva interpretación de la Constitución nacional sobre los recursos naturales. Por si quedaban dudas sobre la imperatividad de este nuevo marco normativo, la ley de nacionalización establece al final de su articulado que ésta es de “orden público”, es decir, que su vigencia es inmediata y que a la misma no pueden oponerse otras normas.

Por lo tanto se abre un nuevo capítulo de los hidrocarburos que va a requerir una serie de nuevas definiciones. La urgencia de esta nueva regulación es una demanda de la realidad: una gran proporción del sector de explotación de gas y petróleo pertenece a empresas privadas que siguen rigiéndose por un sistema de normas que ha quedado desactualizado política y jurídicamente. Con posterioridad a la sanción de esta ley, Mendoza adjudicó áreas con la vieja normativa a un consorcio extranjero en el crucial sector de Vaca Muerta, con un contrato de concesión por 25 años, desvinculado de las necesidades y realidad de los recursos no convencionales. El conflicto de Cerro Dragón muestra las dificultades provinciales para resolver una crisis donde juegan intereses confusos, a los que no es ajena la multinacional PAE, concesionaria del yacimiento más grande del país, con una prórroga de su contrato por 40 años.

Estos requerimientos abren interrogantes sobre el Estado que deberá asumir las obligaciones consiguientes. Porque no podemos imaginar que puedan cargarse tamañas tareas sobre las espaldas de YPF, aparte de que no corresponde delegarle una responsabilidad política estatal. El Estado nacional en el área de los hidrocarburos no tiene estructuras institucionales suficientes y jerarquizadas para afrontar los nuevos desafíos de regulación y control. A ello se suma la necesidad de llenar de contenidos concretos el “interés público nacional” de la actividad.

Estos desafíos se inscriben en una nueva mirada sobre el valor de los recursos naturales estratégicos, que incluye el control de su utilización para su provecho por todos los argentinos (y las generaciones futuras), y un rediseño de la distribución de competencias Nación-Provincias.