Artículo publicado en Página 12. Domingo, 15 de julio de 2012
Desafíos del Estado en el
sector de hidrocarburos: Regulación
y control
Por Marcos Rebasa
El Gobierno y el Congreso han planteado un enorme desafío a futuro al
sancionar la reciente ley de nacionalización de YPF. Junto con esa decisión
resolvieron colocar toda la actividad de los hidrocarburos bajo un nuevo
régimen jurídico y político, lo que exigirá la modificación del sistema de
normas anterior. De ahora en más ese sector es de “interés público nacional”,
definición que alcanza también, por supuesto, a la YPF de mayoría estatal e
incluye al resto de la industria, los que tendrán que inscribirse en esa
orientación. Para ello será necesario que la reglamentación de la ley, una
nueva “carta energética de los hidrocarburos”, trace las líneas maestras de una
política para este sector.
Al declarar de “interés público” el ciclo completo de la actividad
hidrocarburífera, el Congreso la somete a una nueva y específica regulación
estatal y obliga a actualizar y adecuar a ese principio el sistema anterior de
la ley 17.319, verificando si es conveniente mantener, entre otros preceptos,
la propiedad de los combustibles extraídos por parte de las empresas
concesionarias y la libre disponibilidad de las divisas en el caso de
exportación, o el propio sistema de contratación que otorga el total del precio
del combustible para la firma explotadora salvo las regalías, a contramano de
las modernas fórmulas internacionales. Y también aquellos aspectos de la ley
corta –la 26.197 que transfirió a las provincias la administración de los
contratos de concesión de los hidrocarburos– en todo lo que se oponga a los
objetivos de esta nueva definición legal. Pero, además, a ese interés público
le agrega la calificación de “nacional”, es decir, que prima este carácter por
sobre aquellas disposiciones. Siguiendo así una amplia y comprensiva
interpretación de la Constitución nacional sobre los recursos naturales. Por si
quedaban dudas sobre la imperatividad de este nuevo marco normativo, la ley de
nacionalización establece al final de su articulado que ésta es de “orden
público”, es decir, que su vigencia es inmediata y que a la misma no pueden
oponerse otras normas.
Por lo tanto se abre un nuevo capítulo de los hidrocarburos que va a
requerir una serie de nuevas definiciones. La urgencia de esta nueva regulación
es una demanda de la realidad: una gran proporción del sector de explotación de
gas y petróleo pertenece a empresas privadas que siguen rigiéndose por un
sistema de normas que ha quedado desactualizado política y jurídicamente. Con
posterioridad a la sanción de esta ley, Mendoza adjudicó áreas con la vieja
normativa a un consorcio extranjero en el crucial sector de Vaca Muerta, con un
contrato de concesión por 25 años, desvinculado de las necesidades y realidad
de los recursos no convencionales. El conflicto de Cerro Dragón muestra las
dificultades provinciales para resolver una crisis donde juegan intereses
confusos, a los que no es ajena la multinacional PAE, concesionaria del
yacimiento más grande del país, con una prórroga de su contrato por 40 años.
Estos requerimientos abren interrogantes sobre el Estado que deberá
asumir las obligaciones consiguientes. Porque no podemos imaginar que puedan
cargarse tamañas tareas sobre las espaldas de YPF, aparte de que no corresponde
delegarle una responsabilidad política estatal. El Estado nacional en el área
de los hidrocarburos no tiene estructuras institucionales suficientes y
jerarquizadas para afrontar los nuevos desafíos de regulación y control. A ello
se suma la necesidad de llenar de contenidos concretos el “interés público
nacional” de la actividad.
Estos desafíos se inscriben en una nueva mirada sobre el valor de los
recursos naturales estratégicos, que incluye el control de su utilización para
su provecho por todos los argentinos (y las generaciones futuras), y un
rediseño de la distribución de competencias Nación-Provincias.
